El Principado cambiará la ley del Salario Social para agilizar los trámites y evitar atascos como el que sufre el servicio en la actualidad, con retrasos de un año en las resoluciones y una lista de espera de 4.674 familias, según los últimos datos, de finales de septiembre. Entre las modificaciones legales que prevé la consejería de Bienestar Social está el establecimiento de un trámite excepcional de urgencia, por el que las familias podrán obtener la prestación de forma provisional en dos meses. También está previsto cambiar el reglamento que regula estas ayudas a familias sin recursos, de forma que los beneficiarios estén obligados a participar en planes de inserción social.

Las modificaciones de la ley del salario social fueron anunciadas ayer por la consejera, Esther Díaz, durante una reunión del Consejo Asesor de Bienestar Social, tras la que quiso dejar claro que el cambio de la ley nunca supondrá un recorte en la duración de la prestación, "que seguirá siendo indefinida".

Con la reforma legal, "se simplificarán los trámites y los requisitos previstos para otorgar la prestación". El procedimiento extraordinario de urgencia al que podrán acogerse las familias se pondrá en marcha cuando el tiempo de tramitación exceda el doble del legalmente establecido (que es de tres meses) y haya una lista de espera de más de 1.300 solicitudes durante tres meses consecutivos. "Con éste trámite de urgencia se concederá la prestación a los solicitantes mediante una resolución provisional, en un plazo de dos meses desde la presentación de los documentos y acreditaciones mínimas para ser perceptor", informa la consejería. En el plazo de doce meses, se dictará la resolución definitiva. "Será en ese momento cuando, si procede, se abonen los atrasos correspondientes o, en caso de que no se haya justificado correctamente el cumplimiento de los requisitos, el beneficiario tenga que devolver las cantidades abonadas".

La tramitación de urgencia deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno, que podrá dar autorización a la Consejería de Bienestar Social para dar estas percepciones provisionales durante doce meses, prorrogables otros doce. "En ningún caso va a afectar a la duración de la prestación, que seguirá siendo indefinida", insiste la consejería.

También está previsto modificar el reglamento que rige el salario social básico, para "ajustar los plazos para agilizar el procedimiento y evitar situaciones que van contra el espíritu de la ley, como la deducción de multas, sanciones y embargos de los ingresos destinados a las familias, corregir el cómputo de las pensiones, para evitar "desigualdades en el trato", y reforzar el papel de los programas personalizados de incorporación social, unos planes de inserción que deberán seguir los beneficiarios y que, según la consejera, supondrán un "sistema de control y también un derecho" de los usuarios, ya que pretenden facilitar su reinserción laboral. El seguimiento de estos planes se pondrá en marcha en colaboración con los trabajadores sociales de los ayuntamientos, concluye el Principado.