"No tenemos miedo, queremos saber qué ha pasado. Apoyamos cualquier fórmula para tratar de saber el origen de ese dinero. En el ámbito judicial, si la investigación llega a juicio, nos personaremos como acusación particular. Y en la Junta, respaldamos la comisión de investigación, con la orientación que le quieran dar los grupos parlamentarios". Javier Fernández, secretario de la Federación Socialista Asturiana y presidente del Gobierno regional, resumió así la postura de su partido ante el escándalo suscitado por la fortuna oculta del exlíder minero José Ángel Fernández Villa, que regularizó 1,4 millones en la última amnistía fiscal y está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Fernández hizo estas declaraciones en Mieres, donde presidió una reunión de dirigentes del PSOE y del SOMA. Al encuentro estaban convocadas las ejecutivas socialistas de las comarcas mineras, pero también acudieron a expresar su respaldo dirigentes de otras organizaciones, como Santiago Martínez Argüelles, de Gijón.

"Nos sentimos con fuerza para superar esta situación, capaces de defendernos. ¿Cómo vamos a defender a los ciudadanos, sino somos capaces de defendernos a nosotros mismos?", añadió el presidente, antes de entrar en una reunión que persigue "superar el mazazo" del "caso Villa".

"Los mineros están ahí, hay muchas cosas que exigir y defender. Están los fondos mineros pendientes de recibir del Ministerio, la situación del carbón, tanto de la cuenca central como de la del suroccidente. La organización es algo más que una persona, tenemos la obligación de seguir trabajando", afirmó el presidente. Y es que tanto el PSOE como el SOMA tienen por delante procesos electorales y pretenden impulsar la "cohesión" interna tras el escándalo.

"No soy adivino", afirmó el presidente, que repetirá como candidato a las elecciones autonómicas de 2015, a la pregunta de si espera que los ciudadanos le pasen factura por la investigación que afecta al que fue mano de hierro del socialismo asturiano durante décadas.

El secretario general de MCA-UGT en Asturias, Eduardo Donaire, sí teme sin embargo que el caso les cueste votos. "Tendrá un coste electoral, sin duda", afirmó el dirigente sindical.