El debate sobre las incompatibilidades sacude la política regional. El PP dio respuesta ayer a las acusaciones de seguidismo del Gobierno socialista lanzadas en la víspera por Foro, después de que se conociera que las empresas del diputado forista José Antonio Martínez han sido excluidas de tres mesas de contratación del Principado por la prohibición que pesa sobre él, según informes del Estado, para contratar con la administración pública.
Mercedes Fernández contestó a la acusación de Francisco Álvarez-Cascos de que los populares asturianos se han convertido en la "marca blanca" del Gobierno socialista por cuestionar que el diputado forista José Antonio Martínez contrate con la administración regional. "Mejor ser marca blanca que marca negra de la política asturiana", rebatió Mercedes Fernández a Cascos, quien en la víspera había responsabilizado a su antiguo partido de sumarse a una supuesta "campaña orquestada desde el Gobierno regional" en respuesta a la dimisión de la consejera de Bienestar Social. Esther Díaz decidió renunciar como consecuencia de su participación en Davelco, una empresa de su marido que suministró materiales para empresas contratistas de obras públicas.
Contratistas
El presidente del Principado, Javier Fernández, también abundó en el debate y justificó en criterios jurídicos la revisión de los contratos a Cook, la empresa del diputado forista José Antonio Martínez, pero evitó entrar en polémica con el contenido del informe del Letrado Mayor del parlamento autonómico que avala la posibilidad de que los diputados regionales sin dedicación absoluta puedan ser contratistas de la Administración. Este informe es el principal aval que exhibe Foro para defender la legalidad de la actuación de su parlamentario.
El PP asturiano había guardado silencio durante la semana pasada sobre el caso de la empresa del diputado de Foro. El vicepresidente segundo de la Junta, José Agustín Cuervas-Mons, manifestó el pasado lunes que "la calle no entiende que un diputado contrate con la Administración" y sostuvo en la Junta de Portavoces que la legislación estatal es "clara y aplicable" a los diputados asturianos, en una interpretación análoga a la contenida en las resoluciones de Hacienda pero diametralmente opuesta a la del Letrado Mayor de la Junta, a la que se remite el partido de Cascos para calificar de "abuso" la retirada de contratos públicos a su parlamentario por parte del Gobierno socialista.
Mercedes Fernández, además de contestar ayer a su antiguo compañero de partido, sostuvo que Asturias debe regular de manera nítida y detallada las incompatibilidades de sus diputados regionales. "No puede ser que en nuestra comunidad autónoma no haya regulación en esta materia. El sentido común dice que las incompatibilidades para contratar tienen que existir en Asturias como existen en el ámbito del Estado y en otras autonomías. Por eso planteamos la pregunta en la Junta de Portavoces, para buscar una solución que pasa, sin ningún género de dudas, por una modificación legal", mantuvo Mercedes Fernández tras un encuentro en Oviedo con los responsables de la empresa de limpieza Lacera.
Por su parte, el presidente del Principado, Javier Fernández, explicó la actuación con los contratos de Cook y evitó la polémica con el informe del Letrado Mayor de la Junta. "Si se comprueba que hay una incompatibilidad y hay además un informe de la Junta Consultiva del ministerio de Hacienda actuaremos en consecuencia. No voy a entrar en el debate de quién tiene razón o no en este asunto, sino en la lógica de que un gobierno tiene que hacer caso a sus servicios jurídicos".
El líder forista, Álvarez-Cascos, incidió ayer a través de un comunicado en que los diputados de su partido "detallaron las actividades de las empresas en las que participaban, a diferencia de la consejera Esther Díaz que ocultó las suyas en su declaración". "Los diputados de Foro no necesitamos detallar lo que ya hemos detallado", añadió.
