El parlamento asturiano acordó ayer retrasar, al menos hasta febrero, el debate sobre la regulación de las incompatibilidades de los diputados autonómicos asturianos, sobre las que no existe una legislación regional específica, aunque varios informes y resoluciones del Estado indican que, en ese caso, es de aplicación la ley electoral estatal con todas las prohibiciones que fijan para los diputados y senadores, entre ellas las de contratar con las administraciones públicas.

El PP había planteado una modificación legal, por la vía de urgencia, para superar las contrapuestas interpretaciones jurídicas suscitadas en los casos de la ex consejera de Bienestar Social, la socialista Esther Díaz, que acabó dimitiendo por participar en una empresa de su marido que suministró materiales a contratistas de obras públicas, y del parlamentario forista José Antonio Martínez, dueño de varias empresas que tienen contratos con la administración regional y varios ayuntamientos. El Principado, sustentándose en informes de Hacienda, le ha impedido contratar con la administración regional, en dos casos, y ha iniciado la revisión de otros contratos ya en marcha.

La Mesa de la Junta, en la que están representados los cinco partidos del parlamento regional, desestimó ayer tramitar por la vía de urgencia una proposición de ley del PP para que en Asturias se regulen las incompatibilidades de los diputados autonómicos conforme a la ley electoral estatal. "Creemos que se debe actuar ya con concreción para no dejar una cuestión tan importante al arbitrio de distintas interpretaciones", justificó ayer la portavoz adjunta del PP en el parlamento regional, Emma Ramos.

"Existe un cierto vacío legal y resulta inaceptable que Asturias carezca de una regulación precisa. Nuestra propuesta iba en la línea de evitar que surjan nuevas dudas", argumentó Emma Ramos. "Precisamos una regulación específica para los 45 diputados asturianos", defendió la diputada popular, que ocupó el cargo de Interventora general del Principado. Su compañero en el grupo popular, José Agustín Cuervas-Mons, no vaciló en calificar de "doble moral" la actitud de los grupos políticos que ayer mostraron su oposición a tramitar por la vía de urgencia y de lectura única para aplicar en Asturias la ley estatal que establece la prohibición de contratar con la administración a los diputados. "Algunos partidos dicen una cosa y hacen la contraria. Se trataba de una modificación sencilla, que encajaba en el supuesto de la lectura única", afirmó Cuervas-Mons, quien expresó su temor de que la legislatura autonómica concluya sin que se aborde este cambio normativo."Quedan 4 meses para acabar la legislatura. El PP se quedó solo. Todos los grupos presentes. El PSOE, IU y UPyD votaron en contra de la urgencia, el representante de Foro (Pelayo Roces) no acudió como suele ser habitual", detalló el diputado popular, muy crítico con la posición de esas formaciones. "Van en contra de la transparencia que demandan los ciudadanos", sentenció Cuervas-Mons. "No quiero pensar que esa resistencia esté motivada por supuestos concretos", planteó el vicepresidente segundo del parlamento regional, que teme que el debate se alargue: "No se podrá ver hasta febrero y las elecciones son en mayo", dijo.