El concejal gijonés en funciones del Partido Popular (PP) Manuel Pecharromán fue el último en declarar ayer ante la magistrada Elena González, la titular hasta mediados de este mes del juzgado Número 3 de Primera Instrucción de Avilés, la encargada de desentrañar las presuntas relaciones ilícitas de la empresa Aquagest con más de una veintena de municipios asturianos, la llamada "trama del agua". Pecharromán explicó a la juez su estancia en Madrid a costa de Aquagest y aclaró que en los doce años en que ha sido edil nunca ha tenido responsabilidades de gobierno, es decir, "no tenía poder para contratar, así que no tenía influencia". Durante la jornada de ayer en el palacio de justicia avilesino declaró también un representante de la empresa Aquagest, sociedad imputada como tal en el caso que emergió a finales del pasado año 2012.
La declaración de Pecharromán de ayer completó la riada de ellas que corrió a lo largo del pasado mes de mayo a cuenta de un informe de la Policía Nacional que señalaba a varios responsables políticos de varios concejos del Principado y pertenecientes a PP, PSOE y Foro. La juez retiró la imputación a todos los políticos que habían sido señalados por la Policía como sospechosos de haber cometido algún delito.
Pecharromán viajó a Madrid con gastos pagados por Aquagest en julio de 2012 para asistir a un acto patrocinado por Aquagest y organizado por la Federación Española de Municipios, que preside el alcalde en funciones de Santander, Íñigo de la Serna (PP). Esto fue lo que explicó ayer a la juez. Pecharromán declaró que "el acto lo presentó el Ministro de Industria", José Manuel Soria.
