Entre las tesis de la Consejería de Educación y las de los sindicatos de la enseñanza pública media a veces un abismo. Con el asunto del protocolo que contempla la administración de medicamentos en los colegios e institutos a los alumnos enfermos, el abismo se traduce en una palabra: voluntariedad.

Educación asegura que la polémica resolución compartida con la Consejería de Sanidad sobre salud escolar no obliga a ningún docente en lo que se refiere a ese control de medicinas a los niños en horario lectivo. Pero la Junta de Personal Docente en pleno no lo tiene claro. "En ningún momento se habla de voluntariedad en el texto de la resolución", resumió ayer la presidenta de la Junta de Personal Emma Rodríguez.

Educación y sindicatos mantuvieron ayer una reunión que solo sirvió para concretar diferencias y para confirmar las movilizaciones de los profesores. La primera, la concentración que a las seis de la tarde se celebrará pasado mañana en la ovetense plaza de España.

"No nos gusta estar en la calle, pero no queda otro remedio. Hay malestar entre los profesores, no queremos ser meros espectadores y enterarnos de las cosas por los medios de comunicación", señalaba ayer Maximina Fernández, portavoz de FETE-UGT.

Libros, medicamentos y plantillas. Alrededor de estos tres conceptos giró la reunión de ayer en Oviedo. Se llegó a pocas conclusiones. Sobre la resolución de salud escolar, el texto ya está publicado en el BOPA.

"Se ha querido construir un sistema montañoso a partir de un simple grano de arena. En ningún caso se pretende que los docentes adquieran una especialización que no les corresponde, como tampoco se trata de que sólo el profesorado se haga responsable de estas atenciones que, por otro lado, no precisan intervenciones sanitarias especializadas o complejas", argumenta la propia consejera de Educación, Ana González, en esta misma página en un artículo titulado "Educación y salud". Para los sindicatos "la resolución es un 'medicamentazo'" y abogan por la incorporación de personal sanitario en los colegios asturianos.

La Junta de Personal pidió asimismo que el programa de compra y préstamo de libros de texto fuera demorado. "Hemos pedido que haya voluntariedad y un margen de un año. El nuevo sistema va a dar mucho trabajo y añade responsabilidades sin concretar quiénes van a tener que hacerse cargo de ellas. El marrón lo tienen los centros", asegura Emma Rodríguez.

Serán esos centros escolares los que se encarguen de comprar los libros a partir de las cantidades de dinero para ayudas familiares que conceda la Administración. Son 2,4 millones y cada "beca" es de 105 euros, que no llegarán a las familias, sino que los responsables de los colegios e institutos los usarán para la compra de los manuales. ¿Por qué conductos comerciales? La Consejera apuesta por el comercio de cercanía, pero los sindicatos creen que estamos ante un nuevo brindis al sol.

"Es una cantidad insuficiente, los centros buscarán las ofertas más baratas, las de las editoriales o grandes superficies", aseguraron Enrique Fernández, de CC OO. y Gumersindo Rodríguez, de ANPE.