El presidente del Principado, Javier Fernández, quiere impulsar un frente común de los partidos asturianos para defender un sistema de financiación autonómica que permita mantener e, incluso, mejorar los ingresos actuales de la región. Aseguró que "éste será el asunto más importante de la próxima legislatura" e insistió en que Asturias "no es una región subvencionada ni privilegiada". Él mismo advirtió de que "la negociación será conflictiva". El resto de las fuerzas políticas están de acuerdo en la necesidad de llegar a un acuerdo, pero ponen condiciones que se resumen en una sola: negociar a qué se va a destinar el dinero y cómo se va canalizar.
El acuerdo de investidura con IU ya recoge explícitamente que debe permitir la financiación de unos servicios públicos de calidad, a lo que otros partidos suman la eficiencia y la oposición añade la necesidad de destinar recursos a "inversión productiva que reactive la economía".
La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, está dispuesta a colaborar para que Asturias "no empeore y a poder ser mejore" su posición en la reforma del sistema de financiación autonómica. La portavoz popular en la Junta General del Principado señala que el Ejecutivo socialista está llevando la negociación "sin concreciones" y afirma que, en su grupo, la segunda fuerza política en el parlamento asturiano, "no tenemos conocimiento de ningún documento" sobre la posición del Principado en financiación regional.
"Queremos que Asturias no empeore y a ser posible que mejore. Va ser una negociación muy complicada", sostiene la presidenta de los populares asturianos, quien afirma que "se deberán valorar muchas variables como el envejecimiento, la dispersión y la fiscalidad". Mercedes Fernández espera que el Gobierno asturiano apueste "por negociadores ágiles y sagaces que defiendan los intereses de todos los asturianos antes que los partidarios".
La diputada popular también recomienda al Ejecutivo asturiano "profesionalidad, neutralidad y ambición colectiva", y matiza que el sistema de financiación todavía vigente fue elaborado en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno y "desde las tesis marcadas por los socialistas".
Emilio León, portavoz de Podemos en el Parlamento regional, advierte de que su grupo " no dará un cheque en blanco a cualquiera que enarbole la bandera de Asturias por el mero hecho de que sea la de Asturias. Eso sería demasiado sencillo". Según explica, el acuerdo se conseguirá, o no, tras un debate "global" en el que se analicen varios aspectos. Por un lado, la aportación real de Asturias al conjunto del país. "Ésta fue tierra de acogida durante décadas, y ahora nuestros jóvenes se van y aportan riqueza a otras comunidades autónomas. Eso es aportación", afirma León. También pide analizar la situación de los diferentes sectores públicos, sus necesidades y la financiación que necesitan. "Las transferencias se hicieron sin los suficientes recursos, y eso habrá que revisarlo". Y por último, exige garantizar "el uso eficiente de los recursos económicos, destinándose a servicios públicos clave. No vale de nada que se envuelvan en la bandera de la sanidad pública y luego cierren los hospitales en verano y recorten plantillas". Para eso, Podemos solicitará que se auditen las principales inversiones y se evalúe políticamente a qué se ha dedicado el dinero, cómo se ha invertido e iniciar una cruzada contra la corrupción. "No nos vale para nada que nos den dinero de España, de Europa o de donde sea si es para mantener la red de clientelismo. O se destina a políticas públicas esenciales y a generar actividad o que no cuenten con nosotros", afirma León.
Gaspar Llamazares, portavoz de IU en la Cámara, se muestra de acuerdo en alcanzar un pacto "que podría ser explícitamente de la Junta General". Remarca que, en el acuerdo de investidura suscrito con el PSOE, ya figura que "se impulsará un gran acuerdo político y social de defensa ante el Gobierno central de las prioridades estratégicas de Asturias". Y a continuación se indica, entre otros asuntos, que se defenderá "una financiación autonómica justa que permita la prestación de servicios públicos de calidad".
Cristina Coto, presidenta y portavoz parlamentaria de Foro, pone en duda la capacidad del presidente del Principado para lograr un acuerdo de los grupos políticos en Asturias y en la negociación con el resto de comunidades autónomas. "La reforma de la financiación autonómica es crucial desde hace años. Rajoy, tras prometer reformarla, cambio de criterio en la conferencia de Presidentes de 2012 con el apoyo de Javier Fernández. Dudamos de la capacidad de Fernández para consensuar; ya fracasó con las ayudas de la PAC negándose a firmar un frente común con las comunidades de la cornisa cantábrica".
En opinión de Coto, "la reforma de la financiación es ahora aún mas urgente, porque arrastramos un modelo aprobado por Zapatero para contentar al tripartito catalán". "Foro exige un modelo que garantice la suficiencia e igualdad en los servicios públicos fundamentales, redefiniendo las necesidades de gasto y teniendo en cuenta las peculiaridades de Asturias, como la dispersión y el envejecimiento, en el marco de un sistema transparente en que todos los ciudadanos conozcan los criterios de reparto y la balanza final de cada autonomía", añade.
El portavoz de Ciudadanos en la Junta, Nicanor Fernández, advierte de que "estos cuatro años habrá que hacer valer el arte del diálogo y la negociación". En principio, su partido está "de acuerdo con la necesidad de un frente común para que la financiación autonómica sea suficiente para afrontar los retos de esta región, que son mucho y difíciles". Pero dicho esto, destaca que "el problema es que haya la tentación de aumentar el gasto y el déficit público atendiendo sólo a las exigencias sociales y de servicios públicos, como deja traslucir el acuerdo con IU".
Según Nicanor Fernández, "es fundamental para esta región destinar fondos suficientes a la reactivación económica, a impulsar las pequeñas y medianas empresas, ayudar a los autónomos y dinamizar sectores sociales ligados al sector privado, racionalizando el gasto público para conseguir unos servicios eficientes". "Pero hay que tener claro que si no se consiguen ingresos, difícilmente se podrá hacer frente al gasto social".
La financiación autonómica se negociará en 2016, aunque los primeros pasos se empezarán a dar en septiembre. El presidente Mariano Rajoy ha dicho que habrá más de 7.000 millones de euros adicionales, pero todos los partidos tienen la mirada puesta en las próximas elecciones generales y en el problema territorial con Cataluña.
