La factura del salario social subirá hasta rondar los cien millones de euros al cerrar este año. De cumplirse las previsiones del Gobierno del Principado, tal y como ayer las detalló la nueva consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, esa nómina sería la más elevada en un solo ejercicio desde que la renta básica fue instituida en 2006 y dispararía el número de beneficiarios hasta las 18.700 familias en trance de exclusión social. El coste, resultado de la escalada en el número de expedientes tramitados y de la súbita reducción en época preelectoral de la extensa lista de espera que ralentizó durante años la tramitación de las ayudas, subiría en un 21 por ciento el importe del servicio en 2014 -82,3 millones de euros- y se alzaría asimismo considerablemente por encima de los 83,3 presupuestados para este ejercicio.
En una relación de beneficiarios que no deja de ascender y que se ha disparado con la crisis, Varela actualizó ayer los datos del mes de julio, que se cerró con 17.148 familias en nómina -327 más que en junio- y una factura mensual de 8,6 millones de euros. El ritmo de incremento, a razón de unas cuatrocientas nuevas solicitudes mensuales, hace pensar en llegar a fin de año rondando los cien millones y las 18.700 familias socorridas por esta renta básica que pasa por ser la última cobertura económica para quienes han agotado las prestaciones por desempleo.
La frontera de los cien millones ya figuraba en las estimaciones de coste del Principado para 2014, así se lo comunicó el Ejecutivo asturiano a los agentes sociales el año pasado. Fuentes sindicales ya estimaron en su día que esa cantidad podría haberse alcanzado al cierre del último ejercicio si se hubiera desatascado entonces la profunda lista de espera de la renta básica, que la consejera saliente, Graciela Blanco, acaba de dejar prácticamente limpia a su sucesora. Esa relación de beneficiarios a la expectativa, que llegó a superar los 3.000 aspirantes y los once meses de tramitación al cerrar 2014, eliminó en vísperas de las elecciones de mayo las peticiones que sobrepasaban los tres meses de gestión que fija la ley y tenía el 30 de junio únicamente ochocientas solicitudes pendientes de resolver.
Ayer, la Consejera puso al día las grandes cifras del salario social antes de presentar el proyecto de "ingreso mínimo vital", la iniciativa sobre la que el PSOE hace pivotar la vertiente social de su programa electoral para las generales. Se plantea como una renta básica de vocación nacional que en Asturias "sustituiría" al salario social y que permitiría al Principado aliviar la carga presupuestaria que ahora mismo le echa encima la ayuda autonómica. Según las pretensiones de los socialistas, el nuevo sistema forma parte de "una política de Estado" que trata de homologar el auxilio a las familias en riesgo de exclusión, cuya cobertura es ahora dispar en función de los territorios, aunque las comunidades autónomas mantendrían la posibilidad de complementar la prestación estatal.
Varela defendió la propuesta junto a María Luisa Carcedo, diputada por Asturias y secretaria de Bienestar Social del PSOE, y a la secretaria de Política Social de la Federación Socialista Asturiana, María Jesús Rosell. El "ingreso mínimo vital", concebido en la voz de Carcedo como un mecanismo "de reequilibrio del Estado de bienestar", instituiría una nueva prestación "por situación de necesidad" que prestaría una singular atención para los hogares con hijos a su cargo. El proyecto divide a los potenciales perceptores en tres categorías en función de sus ingresos y así promete una prestación anual de 1.800 euros por hijo al cargo para familias en situación de "pobreza extrema" -menos de 7.100 euros al año-, una ayuda de 1.200 por vástago para hogares en estado de "pobreza alta" -por debajo de 11.500 euros- y otra de seiscientos por descendiente para familias "bajo el umbral de la pobreza moderada", donde las percepciones estén entre 11.500 y 17.000 euros al año.
El presupuesto total de la iniciativa asciende a 6.450 millones de euros. El PSOE espera que alcance a 730.000 hogares en el conjunto del país y Carcedo carece de cálculo concreto para Asturias, si bien su previsión inicial habla de "algo más de los 18.700" que acabarán este año cobrando el salario social. La parlamentaria subraya además la situación de privilegio de la región como la de mayor cobertura en la protección social entre las de régimen común, excluidas Navarra y el País Vasco.
