El Principado ampliará los plazos para que no se repita el caos con los interinos

El Gobierno se compromete a reforzar la seguridad informática y "a trabajar con más tiempo" para evitar colapsos similares en el futuro

04.09.2015 | 03:47
Directores de colegios asturianos, ayer en Gijón, durante la intervención del consejero Genaro Alonso.

Reconocimiento de culpa y propósito de enmienda. El Consejo de Gobierno analizó ayer el colapso en el proceso para la adjudicación de las 2.500 plazas de profesores interinos y se comprometió a adoptar medidas para que "no vuelva a repetirse, en ningún caso". El portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, señaló dos vías de actuación para atajar casos similares en un futuro: reforzar la seguridad informática y ampliar los plazos para que haya tiempo suficiente entre la adjudicación de las plazas a los profesores interinos y su incorporación a las aulas.

Si el nuevo consejero de Educación, Genaro Alonso, había pedido disculpas tras asumir el fallo en el proceso de adjudicación de plazas de interinos, ayer el portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, mantuvo un tono similar e incluso reconoció que "entendemos que estas disculpas no compensen la incertidumbre y la tensión sufrida por las personas afectadas y sus familias".

El Consejo de Gobierno, reunido ayer en la primera sesión del nuevo curso político, se mostró decidido a evitar que "vuelva a repetirse una situación similar", con medidas en dos frentes: el proceso informático y la flexibilización de los plazos, en los que el Principado tiene todas las competencias. Asturias es la comunidad autónoma con el calendario más apretado para adjudicar las plazas de profesorado interino: 72 horas para pedir destino, 72 horas para adjudicar las plazas y en 24 horas los profesores interinos deben estar incorporados al centro que se les haya asignado.

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, avanzó que en el próximo curso los plazos serán más amplios: "Trabajaremos en la flexibilización de este tipo de procesos para que no resulten tan ajustados y los docentes sepan con mayor antelación cuál es la plaza que se les adjudica", afirmó el también portavoz del Gobierno. Martínez consideró "razonable" que los docentes interinos cuenten con más tiempo "desde el momento en que se les anuncia la adjudicación de la plaza de su destino hasta su incorporación". El Consejero aseguró que el Principado procederá a "la dotación de medios y de personal que sea necesaria" y adquirió el compromiso de que "una situación como la que se ha vivido no vuelva, en ningún caso, a repetirse".

El refuerzo de la seguridad informática, que ha quedado en evidencia en este proceso, es otra de las asignaturas pendientes. "Habrá que garantizar un correcto funcionamiento de las herramientas informáticas para que no vuelva a ocurrir un fallo en el sistema como el que se registró durante unas horas", precisó Martínez, quien más adelante abundó en que de cara al proceso del próximo curso habrá que realizar más pruebas previas para minimizar el riesgo de que la aplicación informática vuelva a fallar, si bien matizó que "es muy difícil prever una situación de esa naturaleza, que se da de una forma puntual, aunque en este caso ha afectado a muchas personas".

En cambio, el portavoz del Gobierno evitó señalar al deterioro del sistema informático de la Administración regional o a la gestión privada del área como posibles factores que pudieran haber influido en una polémica que ha marcado el inicio del nuevo curso escolar en la enseñanza pública.

La Consejería de Educación ha adjudicado este curso 2.500 plazas a profesores interinos, una tasa que los sindicatos consideran muy alta, casi el 25 por ciento del total. Es decir, uno de cada cuatro profesores del sistema público afronta todos los años por estas fechas la incertidumbre de cuál será su centro de trabajo durante todo el curso, con las consiguientes consecuencias para su vida personal (lugar de residencia, medio de transporte, etcétera), una situación que este año se ha visto agravada por la tardanza con la que se resolvió el proceso de adjudicación de los puestos y destinos, muchos en la zona rural.

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