El Gobierno central aceptó ayer la propuesta de varias comunidades autónomas, entre ellas Asturias, de constituir una comisión para evaluar la ley de dependencia y su financiación. En el transcurso del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, presidido por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, el Principado junto con Cataluña, Andalucía, Aragón y Extremadura reclamó ayer al Ministro más financiación destinada a políticas sociales, y especialmente a la dependencia.
La consejera del ramo en Asturias, Pilar Varela, defendió la ampliación del plazo transitorio para la entrada en vigor de la Ley de racionalización de Administraciones Locales, que debería comenzar a aplicarse el 1 de enero. Según explicó, cumplir con este plazo "supondría desequilibrar todo el sistema de prestación de los servicios sociales que se basa en la cooperación con la administración local". También se retrasa la acreditación del personal que trabaja en el sistema de dependencia.
