La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) se ofrece como alternativa a los ayuntamientos para desarrollar los planes locales de empleo, que se han convertido en un dolor de cabeza para los alcaldes de la región. Sólo los consistorios optan a este tipo de contrataciones, que en los últimos años se han saldado con decenas de denuncias de beneficiarios que al finalizar su año de contrato han reclamado continuar como indefinidos no fijos o bien que se les indemnice, lo que supone una cantidad importante de dinero para las maltrechas arcas municipales. La problemática es de tal calado que la Federación Asturiana de Concejos (FACC) está elaborando unas directrices con fórmulas de contratación y condiciones laborales específicas de cara a la nueva convocatoria que acaba de publicar el Principado con 707 plazas.

Los planes locales de empleo nacieron en el año 2000 en el marco del pacto de concertación social. Se enmarcan en las políticas activas de empleo y consisten en que los ayuntamientos puedan contratar durante un año a parados de larga duración con prioridad para mayores de 45 años. Es decir, a aquellos colectivos con más dificultad para insertarse en el mercado laboral. Los municipios reciben a cambio el cien por ciento de bonificación tanto para el coste salarial como social, y el beneficiario puede optar a cobrar el desempleo una vez que finaliza el año de contrato.

Todo fue bien hasta que en el año 2006 desapareció la fórmula del contrato temporal de inserción. El incendio se inició en 2010 en el Ayuntamiento de Avilés, cuando 113 beneficiarios del plan de empleo local reclamaron judicialmente pasar a integrarse en la plantilla municipal como indefinidos no fijos, alegando que se había cometido un fraude de ley en la contratación, porque habían estado realizando trabajos propios de personal de la estructura municipal. Ganaron en los tribunales, y el Ayuntamiento tuvo que admitirlos. Al final, el consistorio presentó un expediente de regulación de empleo y todos fueron despedidos, pero cobraron una indemnización que supuso un millón de euros a las arcas locales.

Tras ese caso llegaron más en distintos ayuntamientos, como Gijón, Siero y el último en Mieres. La solución acaba siendo que el Consistorio les indemniza y pasan a cobrar el paro.

La convocatoria 2015-2016, dirigida a la contratación de 707 parados, tiene una partida presupuestaria de 9,7 millones de euros y el Gobierno regional pretende que los beneficiarios estén incorporados a sus puestos el 1 de diciembre. Pero la Federación Asturiana de Concejos (FACC) ha pedido calma mientras sus servicios jurídicos terminan de elaborar unas directrices que permitan acabar con las reclamaciones.

FADE ya ha planteado en varias ocasiones su disconformidad con la fórmula aplicada tradicionalmente. "Soluciona puntualmente, durante un año, el problema de los que se benefician. Pero no es la medida correcta para su reinserción en el mundo laboral", afirmó Ignacio García, responsable de los servicios jurídicos de la patronal asturiana. "La actividad que estas personas desarrollan en un ayuntamiento no les sirven para luego entrar en una empresa, mientras que si accedieran a una compañía recibirían formación y práctica que les permitiría bien continuar una vez acabado el año o bien optar a otro puesto de trabajo. El impacto en el beneficiario sería el mismo y el coste también, pero en la empresa privada estaría más cerca de la integración ulterior", remarcó.

El Principado, la patronal FADE y los sindicatos UGT y CC OO se preparan para negociar el nuevo pacto de concertación, en el que se volverán a incluir los planes de empleo, aunque quizás con otra formulación.