La financiación foral proporciona al País Vasco y a Navarra ventajas que están "en el origen de la inestabilidad del sistema común", en el centro de las tensiones crónicas que afectan al modelo que nutre de recursos al resto de comunidades para sostener los servicios esenciales y la acción política. Esa opinión es del hacendista vasco Ignacio Zubiri, uno de los expertos que han radiografiado las diferencias entre ambas formas de financiación. Las conclusiones de algunos de esos trabajos académicos parecen avalar las quejas que rebrotan ahora, camino de la próxima negociación sobre el dinero de las autonomías, entre las regiones de régimen común, con el Gobierno asturiano en la primera línea. Las denuncias se dirigen contra aspectos como la "opacidad" en el cálculo del cupo vasco. Sus particularidades explican al menos en parte que la financiación per cápita en el País Vasco (4.887 euros de media entre 2007 y 2011) haya sido un 78% superior a la de Asturias (2.738 euros), ha estimado Zubiri.
El cupo. Los modelos vasco y navarro no son idénticos, pero esquemáticamente pueden describirse así: al contrario que en los territorios comunes, las haciendas forales recaudan por sí mismas todos los tributos de ámbito estatal (IRPF, IVA, sociedades y tributos especiales) y disponen de los ingresos, aunque una parte se destina al llamado cupo, la cantidad que ambas regiones pagan al Estado por gastos que éste realiza en esos territorios o que son de ámbito nacional (los costes del Ejército o de la política exterior, por ejemplo). En la fijación de ese cupo está una de las zonas oscuras del sistema. "El cálculo es bastante opaco", ha escrito el catedrático Zubiri sobre el caso vasco. Para determinar la cantidad que Euskadi paga al Estado se restan los costes estimados de las "competencias adicionales", aquellas que no tienen otras comunidades. La opacidad empieza por el hecho de que no existe una lista pública de esas competencias.
Expertos como el propio Ignacio Zubiri o el hacendista asturiano Ángel de la Fuente han realizado tentativas de determinar cuáles son las atribuciones exclusivas y cuál su valoración. Según esos expertos, las también llamadas "cargas asumidas" por el País Vasco comprenden, por ejemplo, la financiación de los ayuntamientos, la policía autonómica o el mantenimiento de las carreteras nacionales. Sobre el papel, la valoración se hace utilizando como referencia el peso de Euskadi en la renta nacional (6,24%) y no en la población (4,5%), lo que por sí mismo ya infla el resultado. En 2007, las competencias adicionales se valoraron en 6.970 millones y el cupo (el dinero que el País Vasco abona al Estado) se quedó en 1.565 millones. En una investigación de 2010, Ángel de la Fuente estimó que le coste auténtico de las "cargas asumidas" era de 2.819 millones. En 2014, Zubiri aplicó otro criterio que rebajaba el cálculo a una media de 1.840 millones de euros anuales en el período 2007-2011. Según estos informes, por esa vía el País Vasco habría recibido entre 4.000 y 5.000 millones de financiación extra por la sobrevaloración de las competencias exclusivas. Ambas cantidades superan la de los Presupuestos Generales del Principado en 2015 (3.959 millones).
La bilateralidad. Los académicos han identificado otras vías de "sobrefinanciación" del País Vasco, como el llamado "ajuste del IVA" (un complemento que las haciendas forales reciben por la recaudación que hace directamente la Hacienda estatal de IVA pagado por residentes en el País Vasco por sus consumos fuera de la región), pero las críticas de mayor calado enfocan hacia la determinación del cupo y a la falta de transparencia en el proceso. La cantidad que el País Vasco paga al Estado se fija en una negociación bilateral entre el Gobierno central y el de Euskadi. En teoría, el sistema debe revisarse cada cinco años, pero en la práctica no ocurre de ese modo. Baste decir que el cupo actual está vigente desde 2007 (con actualizaciones anuales según un índice que mide la variación de la recaudación tributaria del Estado) y que desde 2012 está pendiente una negociación que el PNV aparcó ante la resistencia del Gobierno central a hacer nuevas concesiones. Conforme a la práctica recurrente desde los años 80, los acuerdos sobre el cupo se han producido cuando, en ausencia de mayorías absolutas en Madrid, el PP o el PSOE han llegado a pactos con los nacionalistas vascos.
