La moción presentada en la Junta el viernes por el grupo parlamentario de Podemos pretendía instar al Principado a empezar a hacer efectiva en lo que queda de 2015 la recuperación de los derechos que los empleados públicos asturianos perdieron en 2012, paga extra y días de permiso y vacaciones. Que la propuesta se aprobase con todos los grupos a favor excepto el que sustenta al Gobierno da pie a los sindicatos de la función pública a dudar de la intención que la Administración les manifiesta de palabra sobre su disposición a acometer la devolución este año.
"A día de hoy, voluntad no tienen ninguna", afirma Miguel Ángel González (CSI), presidente de la Junta de Personal, que detecta en el argumentario expuesto por el grupo socialista en la Junta los mismos motivos que ellos han escuchado con reiteración en sus reuniones con la Administración. Según González, "siguen repitiendo, como si fuera una grabación, que tienen la intención, pero que no ven de dónde pueden sacar el dinero para hacer frente al asunto de forma inmediata". Nada cambia, dice, salvo que "la votación parlamentaria supone un respaldo moral importante. Aunque no les obliga legalmente a acatar esa decisión, quedan en una posición políticamente desairada, porque todos los demás grupos entienden que el Gobierno debe pasar ya de las palabras a los hechos".
Los sindicatos, por su parte, esperan próximas llamadas a negociar con una manifestación de protesta convocada ya para el día 28. José Luis González (Usipa) observa una "actitud hipócrita" detrás del sí de palabra del Gobierno en las reuniones y el no del PSOE en la Junta e invita al Ejecutivo a imitar a las autonomías de distinto signo político -Galicia, La Mancha, Madrid- que han comprometido ya la restitución de derechos para este año. "Todos recordamos que la asturiana fue una de las primeras administraciones que aplicó el recorte, deberían actuar ahora con la misma diligencia", remata.
La negativa del PSOE en la Junta "nos da a entender", apostilla Ana Díaz (CCOO), "la posición que van a seguir teniendo en las mesas de negociación, donde no hay ya voluntad real de negociar". Ella ve venir "un jarro de agua fría para los trabajadores" y Marisol Gómez (UGT), alguna esperanza de que la moción aprobada tenga influencia en las mesas. La introducción del asunto en la Junta, eso sí, cambia poco, a su juicio, en el fondo de la cuestión: "Nos dicen que tienen la voluntad, pero no el dinero. Nosotros vamos a presionar para que hagan todo lo posible por encontrarlo".
