El Principado permite a los herederos de ancianos fallecidos en residencias públicas que hagan frente a la deuda acumulada en pagos aplazados si el abono en una sola vez supone un quebranto para la economía familiar. Graciela Blanco, directora gerente de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) animó a las familias de los residentes, vivos o ya fallecidos, a solicitar información sobre la deuda acumulada, sin que tengan que abonarla antes de que se haga la liquidación.

La polémica ha surgido al llegar a cientos de familias asturianas la reclamación por parte del Principado del abono de la deuda acumulada por antiguos residentes en centros del Principado y fallecidos hacía varios años. Cantidades de varios miles de euros que en muchos casos superaban con creces las previsiones de los herederos, que ahora se ven en la obligación de afrontarla.

Graciela Blanco explicó que el ERA ofrece un servicio de residencia cuyas plazas tienen un precio público, lo que supone que es más asequible que las de centros privados.

Inicialmente, los residentes y sus familias firmaban un contrato de hospedaje, según el cual cada residente debía abonar 1.272 euros, con independencia de su situación económica. En realidad, el ERA cobraba el 75% de la pensión del residente (sin pagas extraordinarias). Si no cubría el coste, se acumulaba la deuda y cuando fallecía se liquidaba con los herederos. Si el residente tenía ahorros o patrimonio, la deuda se abonaba de ahí. Y si era incobrable, pues se daba por liquidado.

En 2007 se aprobó la Ley de Dependencia, pero no se aplicó hasta enero de 2011, cuando entra en vigor el copago, que supone pagar en función de la capacidad económica. El cálculo se realiza sumando la pensión del residente, más las pagas extras, más los ahorros, más el patrimonio. De la cuantía resultante se descuentan 101 euros para los gastos del residente. En esta situación, no se genera deuda. Pero si se incrementan esos 101 euros (porque tenga gastos como la comunidad del edificio, luz, agua, gas, etcétera), se genera entonces una deuda. Además, el precio de la plaza ya no es fijo sino que depende del grado de dependencia (más caro cuanta más atención se precisa).

"Lo importante es que nadie quede sin plaza por falta de recursos. El que los tiene, lógicamente debe abonar el precio público y el que no, pues será atendido igual. Los prioritarios son los ancianos y las familias pueden pedir información sobre la deuda en cualquier momento", incidió Blanco. El PP ha solicitado la comparecencia en la Junta General de la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela.