Los funcionarios del Principado volvieron ayer a las calles para protestar por el retraso en la devolución de la paga extra y de los "canosos" (días adicionales de descanso y vacaciones en función de la antigüedad) que perdieron a golpe de recorte en 2012.
El retorno resultó tímido, muchos menos voluminoso y ruidoso que aquellas manifestaciones de hace tres años, cuando se quedaron sin la paga extra de navidad sin margen poco menos que para el pataleo. Apenas trescientos empleados públicos protagonizaron una marcha desde la sede de las consejerías del Principado, el edificio EASMU en Llamaquique (Oviedo) hasta la Presidencia regional, en la calle peatonal de Suárez de la Riva, donde ayer no hubo la habitual reunión del Consejo de Gobierno por los compromisos de diferentes miembros del Ejecutivo.
"¡Devolución de nuestros derechos!, ¡a recortar, a la Casa Real! o ¡este presidente se ríe de la gente!", fueron algunas de las consignas gritadas por decenas de manifestantes a lo largo de su itinerario por el corazón de la capital, en el que también se produjeron reproches para los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP.
La protesta, convocada por la Junta de Personal Funcionario del Principado, tendrá continuidad con nuevas movilizaciones si no hay un cambio de postura en el Ejecutivo asturiano ya sea en la reposición de las jornada de 35 horas, o la devolución de una parte de la extra suprimida en 2012 y de los " canosos", según confirmó ayer el presidente de ese colectivo, Nicolás González.
"El gobierno regional fue de lo más diligente en aplicar el recorte, en pleno mes de julio, con ampliación del horario, pero ahora mientras el Estado y algunos ayuntamientos ya han confirmado que devolverán parte de la extra y días en este año, el Principado no ha hecho ninguna concesión de sus posturas iniciales", reprochó el también delegado de la CSI. "Mucho nos tememos que el Principado no va a devolver el 26 por ciento de la extra que nos quitaron en lo que queda de año", coincidieron Nicolás González y José Luis González, coordinador de USIPA.
La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, defendió la posición del Ejecutivo regional. "Los recursos son limitados y las prioridades muchas", afirmó la responsable de las finanzas del Gobierno, quien negó categóricamente que el empleo público no sea una prioridad para el Principado: "En el presupuesto de 2016 se verá con números que esa recuperación de derechos es una prioridad, pero manteniendo cierto equilibrio dados los recursos con los que cuenta el Principado para cubrir las necesidades reales".
