El servicio de Vigilancia Aduanera incluye en sus pesquisas sobre las ramificaciones asturianas del "Caso Pokémon" una petición de que se impute al exconcejal del Ayuntamiento de Siero Luis Vázquez (inicialmente del PP y luego no adscrito), entre otros, por un presunto delito de tráfico de influencias. Sobre Vázquez, cuyo nombre aparece en el sumario junto a los de otros dirigentes políticos municipales a los que la investigación sugiere citar como encausados o testigos, deduce la investigación que entre 2012 y 2013 -cuando ejercía como edil de Hacienda-, realizó gestiones en al menos tres frentes en connivencia con Joaquín Fernández, el exvicesecretario de Comunicación del PP considerado el "conseguidor" asturiano de contratos para las empresas de la "trama del agua".
Ambos habrían actuado juntos, según los documentos, para favorecer presuntamente la renovación del contrato de limpieza del Consistorio sierense con la empresa Urbaser, para beneficiar a Aquagest en el proceso fallido de externalización del servicio de aguas y para facilitar, "amañando" concursos, la concesión de contratos municipales a la Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara (Fusba), del grupo Hunosa, siempre según las pesquisas.
Más declaraciones
Los funcionarios de aduanas piden a la juez Pilar de Lara que encause a Vázquez, que había sido ya imputado y desimputado en la ramificación del asunto que instruye la magistrada de Avilés Elena González, en ese caso por haberse beneficiado presuntamente de los viajes que la trama pagaba a sus contactos en los ayuntamientos a cambio de supuestos favores políticos. El sumario de "Pokémon", que detalla el resultado de las indagaciones de las actividades de la red en diversos ayuntamientos asturianos y recorren algunos de los municipios en los que los contactos abrían a Fernández las puertas de las casas consistoriales. Además concluye que también habría de ser citado a declarar como imputado Roberto Santiago.
Expresidente del PP local y exconcejal en Navia, ahora apartado de la política, también imputado y posteriormente librado en la trama que investiga el juzgado avilesino, Santiago "habría ejercido presuntamente sus influencias en la adjudicación de contratos" a una empresa de seguridad. Siempre según los investigadores, el exedil tendría un acuerdo con el delegado de esa sociedad en Asturias, L. Á. G. -cuya imputación también se sugiere- "para cobrar a cambio de las adjudicaciones unas comisiones" a las que la consultora de Joaquín Fernández daría cobertura emitiendo facturas falsas a favor de la empresa.
Los agentes piden asimismo citar como testigos, entre otros, al actual alcalde de Pravia, Antonio de Luis Solar (PSOE), y a los exregidores de Llanes (la diputada autonómica del PSOE Dolores Álvarez Campillo), y Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella (PP)
