Agentes del servicio de Vigilancia Aduanera han reclamado esta mañana documentación en el Ayuntamiento de Oviedo y se han llevado expedientes relativos a distintos contratos del municipio con empresas investigadas en el “caso Pokémon”, según ha podido saber este periódico.
Los agentes llegaron a las nueve y cuarto de la mañana para hacerse con copias de informes, deliberaciones, resoluciones y todos los trámites administrativos relativos a diversos expedientes, entre ellos el de la decisión de devolver un aval a una filial de Aquagest en 2009. Además, según las fuentes consultadas, los investigadores mantuvieron una reunión con el interventor municipal que rubricó el informe técnico en el que se amparó el gobierno y le reclamaron información. Las mismas fuentes indicaron que los agentes de Vigilancia Aduanera le han preguntado sobre los motivos en los que fundamentó su análisis jurídico para recomendar la devolución del aval a Aquagest, pese a que en ocasiones anteriores la junta de gobierno había descartado esta devolución por varios incumplimientos del contrato.
La jueza que instruye el “caso Pokémon”, la gijonesa Pilar de Lara, relaciona esta decisión, que rubricó siendo concejal de Hacienda Agustín Iglesias Caunedo, con los viajes que en 2009 realizó el exalcalde de Oviedo en compañía de Joaquín Fernández, exvicesecretario del PP de Asturias y “conseguidor” para Aquagest dentro de la “trama del agua”, así como con el exconcejal gijonés del PP Manuel Pecharromán y una abogado ovetense, a juicio de los investigadores. Vigilancia Aduanera tiene acreditado que los billetes de avión y varios gastos de las estancias en Nueva York, Florida y Croacia fueron abonados por Aquagest, empresas filiales u otras empresas vinculadas a la trama de facturas falsas y pago de favores políticos.
En un auto dictado ayer, la juez Pilar de Lara pide que Vigilancia Aduanera reclame todas las facturas emitidas y recibidas entre una empresa de contratas de Cangas del Narcea y las empresas del grupo al que pertenece Aquagest. Asimismo, ha solicitado al interventor del Ayuntamiento de Oviedo y al Consistorio que facilite "todos los contratos, informes, dictámenes, resoluciones, deliberaciones, actas de reuniones, acdtas de las mesas de contratación, publicación y resolución de concursos", así como cualquier otra información disponible en el municipio referida a la citada empresa canguesa.
La actuación de los agentes de Vigilancia Aduanera en Oviedo ha sido paralela a otras llevadas a cabo en el Ayuntamiento de Pontevedra y el de Sada (La Coruña). En Pontevedra, la juez indaga si el alcalde (Miguel Anxo Fernández Lores, del BNG), su concejal de Hacienda y varios funcionarios hicieron trato de favor hacia Aquagest para conseguir un contrato.
