"No". Juan Luis Rodríguez-Vigil se ha preguntado a sí mismo si el rendimiento social de los montes comunales asturianos es el más adecuado. La evidente negativa de la respuesta conduce al expresidente del Principado hacia la certeza de que son las razones de aquel "no" las que "justifican la despoblación, el envejecimiento y la falta de expectativas de los habitantes del medio rural asturiano", es decir, el primero de sus problemas. El conferenciante acotó así la pertinencia de su disertación de ayer en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) sobre la gestión de los terrenos de mano colectiva en la Asturias rural, que por su volumen físico representan el cuarenta por ciento de las 968.000 hectáreas de superficie útil de la región y por su rentabilidad mucho, muchísimo menos.

La extensa mancha coloreada que se extiende por el interior de un mapa de Asturias proyectado tras el conferenciante explica por qué conviene traer al primer plano ese error que Rodríguez-Vigil caracteriza como "la visión urbana" de los comunales y del monte en general. Es la que ve, "cuando los políticos se refieren al mundo rural, un potencial paisajístico, turístico o propagandístico que desdeña su importancia productiva, económica o social". El desdén de la rentabilidad que asoma tras esa perspectiva, absolutamente dominante en la región, relega el papel del campesino, justifica el abandono del monte y certifica que "no es casual que el mapa del envejecimiento de la población y de la crisis demográfica coincida con el de los comunales asturianos".

En ellos está el problema, en ellos el remedio. El expresidente terminará por alentar a los ayuntamientos a tomar el poder sobre lo que efectivamente les pertenece mediante "una reordenación del sistema de ordenanzas" para atender a una necesidad de distribuir adecuadamente la propiedad "de la que muchos de ellos no son conscientes" y que importa, entre otras razones, por las criterios de reparto de ayudas que rigen la nueva Política Agraria Común (PAC). "Prima ésta la superficie de las explotaciones ganaderas", explica, y "en Asturias la fincabilidad es pequeña, y las acciones para ampliarla, como las concentraciones parcelarias, no han sido muy operativas". Urge clarificar la propiedad "para acreditar el uso de esas parcelas a efectos de ayudas", concluye Vigil, para quien los ayuntamientos "tienen la capacidad, la obligación y la necesidad de reordenar sus ordenanzas". Aboga así el jurista por "ir hacia una nueva regulación" que paliando el efectivo desamparo de esas superficies impulse al agro asturiano hacia el ideal de "una economía agraria de montaña diversificada que dé lugar a un aumento de la renta campesina".

En el detalle de la reforma pendiente se opone Vigil, por incompatibilidad legal, a que se autorice la declaración de pastizales como terrenos de utilidad pública y defiende que esas superficies "se devuelvan a sus propietarios, normalmente los ayuntamientos, a los que se ha privado de la gestión de su propio territorio". La administración de estos espacios, también la tendente a que remitan en ellos los incendios, compete más a "los que conocen las veredas", afirma, que a los que las contemplan con arrobo desde la gran ciudad.

Es un error, concluye, mirar todo el monte comunal "indiscriminadamente" como "un bien de preeminencia pública", cuando la propiedad pública sin más matices "sólo es predicable de una parte de ellos". La renovación normativa que propugna ha de prestar atención a esa diversa casuística, tal vez también pensar que "no hace falta inventar nada". Que se puede copiar y que los ejemplos no están "en Finlandia ni en Dinamarca". En el ámbito forestal, por ejemplo, "se puede mirar a Soria. El sistema funciona, se aprovechan y se cuidan los árboles, no hay incendios y la gente está encantada".