La última reforma del Código Penal ha sido "populista y cicatera", y llama la atención cuestiones significativas como que en ella no se contemplan castigos para los partidos que se financien ilegalmente ni tampoco figuren los sindicatos. La fiscal especializada en delitos contra la Administración Pública, Esperanza González Avella, se mostró ayer así de crítica en su presentación pública. Pero no se quedó ahí. También aprecia un "abuso de cargos de confianza y libre designación", en vez de aprovechar a los funcionarios de carrera especializados en materias susceptibles de incurrir en delitos de corrupción.
La fiscal superior de Asturias, Esther Fernández García, presentó ayer a González Avella incidiendo en que "no es una delegada de la Fiscalía Anticorrupción", sino "una decisión muy meditada para mejorar la optimización de medios y el principio básico de investigación". Y es que, según añadió, "se impone la especialización, también en la lucha contra la delincuencia".
La fiscal de delitos contra la Administración Pública indicó que la reforma del Código Penal "no toca a fondo" la lucha contra la corrupción, cuando "hubiera sido un buen momento para modificar la materia con un capítulo que expresara la corrupción política como "delitos que perturban o atentan el Estado de Derecho, lo que supone ir mucho más allá de los delitos contra la Administración Pública". Y puso un ejemplo: la financiación de los partidos políticos. "Se condena a la persona física o jurídica que haya financiado ilegalmente, pero no a la formación que se ha beneficiado de ella".
González Avella fue más allá y planteó una pregunta retórica: ¿Y qué ocurre con los sindicatos? No existen en la reforma del Código Penal. Se ha perdido una oportunidad muy buena".
Otro de los apartados en los que centró su intervención fue en el "abuso de los cargos de confianza" en la Administración Pública. "Es un fenómeno general", aseguró. "Entiendo que para el político es mucho más cómodo tener a alguien de su confianza y afín a su interés, en vez de a un funcionario de carrera que tiene su puesto por oposición, que no le vincula ideología política ni tiene especial interés en ser favorable al político del momento". Pero "las consecuencias son mucho fraccionamiento contractual y resoluciones que vulneran los principios básicos del Derecho Administrativo". Es decir, que se puede incurrir en delito por "arrinconar al especialista". Así que, "mucha menos libre designación y mucha más profesionalización", recomendó la fiscal de delitos contra la Administración Pública.
González Avella y la fiscal superior de Asturias remarcaron durante su intervención la necesidad de acabar con la "politización de las denuncias", que se agudiza en periodos electorales. También están los profesionales de las denuncias, que suelen ser personas que han tenido problemas en un determinado ámbito y vuelcan su frustración interponiendo denuncias. Y está el denunciante "de buena voluntad", que lo hace de manera genérica e indeterminada. "Son diligencias que suelen acabar en archivo. A la Fiscalía no le corresponde una labor inspectora ni hacer auditorias fiscales buscando algo", indicaron.
