El exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, movió ayer ficha a través de su abogado, Pelayo Mijares, ante la imputación acordada por la juez Pilar de Lara, que investiga "la trama del agua". Caunedo recurrirá la decisión de la magistrada que le ha citado a declarar como imputado el próximo 13 de enero por tener indicios de que cometió un delito continuado de cohecho y otro de prevaricación. Además de anunciar los recursos, el letrado Pelayo Mijares sostuvo que si se admitiera el cohecho impropio, "los hechos ya estarían prescritos". El PP. a la vista de la imputación judicial, abrirá un expediente informativo al exregidor ovetense, de acuerdo con los estatutos de la organización.
En un comunicado hecho público ayer, el abogado de Caunedo asegura que el portavoz del PP de Oviedo y exalcalde de la "desconoce" la providencia de imputación de la magistrada. Y añade que su cliente se encuentra "completamente indefenso" y que "no ha cometido hecho delictivo alguno". El letrado afirma que, en todo caso, y si se admitiera "a efectos dialécticos" un cohecho impropio, "los hechos ya estarían prescritos" y añade que "no puede sostenerse" la acusación de prevaricación. "Vamos a interponer los recursos que fueran procedentes, porque entendemos que no existe razón alguna que avale este procedimiento", advierte.
Pelayo Mijares argumenta que Iglesias Caunedo "actuó por mandato expreso de la Junta de Gobierno", cuando adoptó la decisión de devolver una fianza de 840.000 euros a Aquagest "siguiendo los informes y propuestas de los técnicos municipales". Aquagest es la empresa que, según los investigadores de Vigilancia Aduanera, pagó los viajes a Nueva York, Florida y Croacia del exalcalde ovetense.
Sobre estos viajes, Mijares sostiene que Caunedo "ya ha explicado" cómo se los abonó a Joaquín Fernández, considerado el "abrelatas" de la trama del agua en Asturias y quien, según el letrado, ha confirmado su versión. "Entendemos que si las declaraciones y anotaciones de Joaquín Fernández sirven para acusar, también deberían de servir para exculpar", señala el abogado, que considera a su cliente víctima de una "cuidada y bien dirigida campaña mediática", pese a que "nunca adoptó decisión personal alguna que beneficiara a las empresas investigadas y mereciera contraprestación por su parte".
El letrado de Caunedo entiende que las declaraciones de Joaquín Fernández, que fue vicesecretario de Comunicación del PP y presidente de la junta local de San Martín del Rey Aurelio, "deberían ser analizadas antes de tomar decisión alguna que cuestione la honorabilidad de las personas". Mijares realiza en su comunicado una crítica velada al curso de la investigación en los siguientes términos: "era evidente desde hace meses cuáles iban a ser los pasos contra Agustín Iglesias Caunedo (...) Pero por mucho que sea el ruido ambiental creado y alimentado por quienes prefieren los juicios públicos, en los que el acusado está completamente indefenso, a las actuaciones responsables, que protegen los derechos de las personas y la presunción de inocencia, vamos a seguir defendiendo la absoluta inocencia de mi defendido".
La imputación decidida por la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo tiene como primera consecuencia, en el ámbito político, la apertura de un expediente informativo por parte del PP, tal y como establecen los estatutos nacionales del partido. La apertura del expediente informativo correrá en este caso a cargo del Comité de Derechos y Garantías de Asturias.
Mercedes Fernández aseguró ayer en Gijón que esperará a mantener una conversación "clara y concluyente" con Iglesias Caunedo antes de tomar una decisión "que beneficie al partido". La dirigente popular reconoció que el exalcalde de Oviedo no se ha puesto en contacto con ella desde que se conoció su imputación por parte de la magistrada Pilar de Lara y apuntó que tal falta de comunicación puede deberse a "esas primeras horas de preocupación y desconcierto".
"Las cosas importantes hay que hacerlas bien. Espero que tengamos una conversación clara y concluyente que beneficie al PP en su conjunto", sentenció Mercedes Fernández, quien garantizó que actuará con "ecuanimidad y justicia" en este asunto.
Desde el PSOE, Adriana Lastra, cabeza de cartel del partido para las elecciones de diciembre, reiteró ayer en Mieres las exigencias de explicaciones a Caunedo, aunque precisó que "conociendo al PP nacional y al PP de Asturias, la verdad es que no esperamos nada". Lastra recordó, a este respecto, que el PP "mantuvo a un condenado durante meses en el Ayuntamiento de Oviedo", en alusión al exconcejal Jaime Reinares. La candidata asturiana del PSOE hizo referencia al acuerdo entre PP y Foro para ir en coalición a los comicios del mes que viene y aseguró que "en realidad, se trata de un pacto de silencio" para casos como los de Pokemon o Gurtel.
Manuel González Orviz, coordinador regional de IU, respaldó la decisión de sus concejales en Oviedo de exigir la dimisión de Caunedo como concejal y portavoz del PP en el Consistorio. "La imputación ha puesto en evidencia, una vez más, el entramado corrupto aparejado a los procesos de externacionalización de los servicios públicos", indicó el dirigente de la coalición, que reclamó una "profunda regeneración política" y medidas para castigar "tanto a los corruptos como a los corruptores".
Corruptos y corruptores
"Los corruptores no se pueden ir de rositas y esas empresas no pueden volver a concursar en procesos públicos, porque son empresas que se dedican a corromper", afirmó González Orviz, para quien "el proceso de privatización ya es en sí mismo una corrupción".
Ignacio Prendes, número uno de la lista de Ciudadanos en Asturias, considera que el PP está "desbordado" por la imputación judicial de Caunedo, por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, y critica "la falta de reacción" de los partidos "viejos" ante este tipo de casos. Tras indicar que el exalcalde de Oviedo debería de dimitir "de manera inmediata", Prendes subrayó que estas situaciones "hacen un daño enorme" a la credibilidad de la política y añadió que no pueden suceder en la formación de Albert Rivera, dado que, según indicó, no admite imputados en sus listas ni entre sus cargos públicos.
