El proceso por presunto fraude fiscal que se sigue contra un empresario hostelero de Pruvia (Llanera) removió ayer los recuerdos de boda de 31 personas, todo hombres, que se casaron en 2008, que celebraron los banquetes nupciales en el establecimiento investigado y que tuvieron que desfilar por el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo en calidad de testigos de sus propias bodas. Sus testimonios habían sido requeridos para esclarecer si el acusado, para quien se solicita una pena de tres años y nueve meses de cárcel por defraudar presuntamente 480.000 euros a la Agencia Tributaria en 2007 y 2008, facturaba menos de lo que cobraba por las celebraciones y, tal y como sostiene también la Fiscalía, había en las fiestas más invitados de los que se declaraban.
Abriéndose paso contra los obstáculos de la memoria, porque la mayor parte de los convocados declaró no recordar los importes ni los números de comensales exactos del convite, porque en los siete años transcurridos algunas de las parejas incluso han tenido tiempo de divorciarse, los interrogatorios dieron fe de que los que tienen conciencia de haber visto la factura -ninguno la conserva, unos la recuerdan vagamente, otros niegan haberla recibido- confirman haber pagado la cantidad consignada en el recibo. La sesión también dejó constancia, no obstante, de la existencia de algún desfase amplio entre el número de invitados real, o recordado por los contrayentes, y el declarado oficialmente por el local.
En al menos seis casos, los testigos con mejor memoria, los que sí fueron capaces de precisar con alguna aproximación la cifra de invitados de sus bodas, dejaron constancia de desajustes con los datos registrados en las cuentas de la empresa. Así, por ejemplo, un novio que recordaba haber compartido la velada con 118 personas, pero no haber visto la factura, dejó ver su extrañeza al escuchar de boca del fiscal que consta "una factura con 62 comensales". Otro dijo no tener "ni idea" de por qué de su enlace de unos noventa asistentes "existe una factura con 55" y un tercero tampoco supo decir por qué él recuerda unos cien y la contabilidad de la empresa inscribió 59.
En metálico
Todos los que fueron cuestionados al respecto por la defensa negaron que desde el establecimiento se les hubiera ofrecido la posibilidad de abonar una parte del coste del banquete con factura e IVA y otra "en negro". La mayor parte, eso sí, abonó el convite en metálico -salvo uno que extendió un cheque y otro que efectuó una transferencia- y en uno o dos pagos, casi siempre el último a la mañana siguiente de la celebración. Los testigos forman parte de una larga lista de 180 parejas que celebraron sus enlaces en el local en 2008, que han sido citadas por la defensa del empresario y que seguirán pasando a declarar en las siguientes sesiones del juicio, que se reanuda mañana. En total, la macroconvocatoria nupcial es para 350 matrimonios, todos los que pasaron por el establecimiento en 2007 y 2008. En esos ejercicios, según la versión que ofrece el Ministerio Público, el acusado habría omitido en sus declaraciones del Impuesto de Sucesiones determinados ingresos por bodas y banquetes. La Fiscalía reclama para él, además de la pena de prisión, el reintegro del importe defraudado y el pago de multas por una cantidad equivalente.
La defensa niega los cargos y trata de demostrar que los clientes pagaron lo que constaba en las facturas. En sus declaraciones precedentes ante la juez, el acusado se dijo inocente después de asegurar haber obrado "con el mayor rigor" y de dejar constancia de que "nunca cobramos dinero en negro ni facturamos menos comensales de los que había en un banquete".
El empresario acaba de ser absuelto de las imputaciones similares que pesaban sobre él en la administración de otra de sus sociedades. En aquel caso se le acusaba de no declarar una cantidad aproximada de 332.000 euros, correspondiente también a los ejercicios de 2007 y 2008, aunque finalmente la Fiscalía retiró los cargos referentes al primer año por la multitud de errores que se habían cometido en los cálculos y el juez lo absolvió del presunto delito cometido en 2008 porque la Agencia Tributaria no aportó las pruebas necesarias para sustentar la imputación.
