"No hemos abandonado, nos han obligado". Así de contundentes se mostraron ayer los 34 despedidos de la empresa pública Tragsa, tras concluir el encierro que iniciaron el lunes en Oviedo. El presidente del comité de empresa, Ángel Álvarez, explicó que la dirección de la compañía exigió a la plantilla el desalojo "inmediato" de las oficinas de la avenida de Galicia, donde se desarrollaba el aislamiento. Como respuesta, los trabajadores anuncian movilizaciones para el viernes día 15 en contra del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afecta en toda España a 1.336 personas. De momento, la empresa, integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y dedicada principalmente al sector medioambiental, ha puesto en la calle a 560 empleados, 34 de ellos asturianos.

"Estamos destrozados; no nos dejan ni pelear", asegura Tomás Fernández, uno de los trabajadores que hasta ayer por la mañana participaban en el encierro. Pese a ello, los despedidos seguirán haciendo "ruido" y saldrán a la calle el próximo viernes día 15 para concentrarse ante la delegación de Gobierno de España en Asturias a las dos y media de la tarde. Los afectados también se manifestarán el martes, día 19, a las diez y media de la mañana. "Con el ERE, Tragsa queda bajo mínimos en la región. No van a poder recuperarse de este duro golpe. No tienen capacidad para hacer las obras concertadas. Habrá retrasos y se harán trabajos de peor calidad. Se cargaron desde puestos de la jefatura hasta peones y no dejaron ni un período para transferir la información", asegura Fernández.

La plantilla asturiana prevé que a partir de la próxima semana, la dirección ejecute nuevos despidos. De los 47 puestos afectados por el ERE, han despedido a 34. "Está claro que la empresa apuesta por un empleo precario antes que de calidad", dice Fernández.

Lo mismo opina el secretario general de CC OO de Construcción y Servicios de Asturias, Jeremías Dos Santos, que denuncia la actitud de la compañía: "Lejos de buscar fórmulas de entendimiento, muestran un comportamiento dictatorial". Dos Santos sitúa a Tragsa entre las empresas que "siguen siendo un cementerio de elefantes políticos", al contar con directivos que perciben salarios "superiores al que cobra el presidente del Gobierno".