Al menos 188 testigos y peritos -su número puede ampliarse-, y un total de 38 sesiones, a desarrollar durante más de cuatro meses. Estas son las cifras del juicio del "caso Marea", que comienza el 4 de abril en la sección tercera de la Audiencia. Se trata del mayor juicio que se haya celebrado en este tribunal ovetense. El proceso se desarrollará a razón de unas dos sesiones por semana y ha sido reservado espacio para las vistas hasta el 3 de agosto.

El presidente de la Audiencia, José Antonio Soto-Jove, confirmó que las dos primeras sesiones, los días 4 y 5 de abril, se dedicarán a las cuestiones previas. El interrogatorio de los catorce acusados (la Fiscalía y el Principado acusan solo a siete) tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de abril, y el día 18 comenzarán a declarar los testigos, a razón de nueve diarios, aunque habrá sesiones con menos. Estas declaraciones se prolongarán hasta el 27 de junio.

Las periciales se iniciarán el 29 de junio, hasta el 11 de julio. A continuación se reservan cuatro sesiones, hasta el 25 de julio, para practicar la prueba documental, así como las audiciones de las grabaciones. Finalmente, los días 27 de julio y 1 y 3 de agosto se reservan para las conclusiones. Todo este plan de trabajo puede modificarse en función de cómo resulten las sesiones. Éstas podrían prolongarse a lo largo del mes de agosto si fuese necesario, según la diligencia de ordenación firmada por el secretario.

La Fiscalía pide penas que suman 57 años de prisión para siete acusados, entre ellos el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, la exdirectora general María Jesús Otero, la exfuncionaria Marta Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez.

Marta Renedo, que acudió ayer al Juzgado para firmar, como cada día 15, se enteró por LA NUEVA ESPAÑA de la fecha de inició del juicio. "Me parece muy bien", indicó de forma escueta. Su representación legal había presentado un escrito recientemente pidiendo la suspensión del juicio en tanto el Tribunal de Cuentas establece el perjuicio económico causado por los contratos fraudulentos, de cara a un posible reconocimiento de los hechos.