El Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias mostró ayer públicamente su solidaridad con los 18 veterinarios de la empresa pública Tragsatec, afectados por la ejecución de un expediente de regulación de empleo (ERE) iniciado años atrás. También mostró su desconfianza hacia las razones esgrimidas por la empresa y reclamó a las instituciones autonómicas que se personen en el conflicto.
Según explicó en un comunicado, que ahora se aplique el ERE aprobado en un contexto distinto al actual "dificulta la comprensión de las razones objetivas que llevan a la empresa pública a extinguir los contratos" de los veterinarios, pues "sus labores deberán ser reemplazadas, amén de generar honda preocupación por la efectiva salvaguarda de la salud pública que resultaba del control que efectuaban".
