La declaración como testigo en el "caso Pokémon/Manga" de José Luis González Díaz, el interventor municipal de Oviedo que informó a favor de la devolución de los avales de Tribugest (del grupo Aquagest) -prevista para el próximo día 25, el mismo día que acudirá a los Juzgados de Lugo la presidenta del PP, Mercedes Fernández-, será clave para establecer la futura estrategia de defensa de Agustín Iglesias Caunedo, según indicó su letrado, Pelayo Fernández Mijares. De las preguntas planteadas el pasado viernes al exalcalde ovetense por la magistrada Pilar de Lara se desprende que la gijonesa sospecha que pudo haber presiones sobre el interventor para que cambiase de criterio respecto a la devolución de los avales (hasta entonces estaba en contra), cuando el ayuntamiento ya tenía ganado el contencioso con la empresa.
"¿A qué cree que se debe el cambio de criterio del interventor?", preguntó la juez. "Entiendo que analizó las alegaciones de la empresa", respondió el exalcalde. "¿De quién fue iniciativa que el ayuntamiento renunciase al proceso contencioso?", planteó De Lara. Y Caunedo contestó: "No fue iniciativa mía". "¿Quién negocia en nombre del ayuntamiento? Porque dudo mucho que el interventor tenga capacidad para negociar", añadió la juez. "Ni negocié yo, ni me consta que negociase nadie", indicó Caunedo, para añadir: "La decisión la toma la Junta de Gobierno".
"¿Qué deliberaciones hubo en la Junta de Gobierno?", preguntó la juez. "Con ese informe (del interventor) poco margen de maniobra había para deliberar. Seguramente se habrá deliberado, que se ahorraba costes con este convenio", respondió Caunedo. Y la juez: "¿Qué necesidad tenía el ayuntamiento de renunciar al proceso?". Y Caunedo: "No le puedo decir más de lo que le he dicho".
Con anterioridad, Caunedo se había acogido al argumento de que fue "la Junta de Gobierno la que aceptó los informes (del interventor)", que eran "actos reglados y no discrecionales" y que firmó lo que firmó "porque la Junta de Gobierno, como órgano colegiado, aceptó el informe". Preguntado por su relación con los diferentes interventores (Pedro Olaya, Javier de Pablo y José Luis González), la respuesta de Caunedo no pudo ser más clara: "No me relaciono con los interventores".
Pelayo Fernández Mijares vio poco factible la recusación de la juez en base a un posible conflicto de intereses por el enfrentamiento que mantuvieron a finales d elos años 80 su marido y su hermano, entonces miembros de Nuevas Generaciones, con la dirección del partido, y que se saldó con su cese.
