La ley de Transparencia y Buen Gobierno inició ayer su andadura con la publicación del anteproyecto en la página web del Principado (www.asturias.es) y la apertura del período de información pública.
La nueva norma, que el Gobierno regional quiere llevar al Parlamento para su debate en este período de sesiones, incluye entre sus novedades la creación de un canal "etico" para presentar denuncias, confidenciales pero no anónimas, que serán examinadas por la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, un servicio que dependerá del Consejo de Transparencia, la pieza clave en una legislación autonómica que pretende ser "ambiciosa, ir más allá de la normativa estatal" y, de paso, mejorar el texto que tantas críticas recibió en la anterior legislatura por fallos formales y de fondo. El presidente del Consejo de Transparencia será designado por el parlamento autonómico, requerirá una mayoría de dos tercios (30 diputados) y su mandato tendrá una duración de 5 años no prorrogables.
El anteproyecto incorpora respecto al texto que no pasó el filtro de la Junta General del Principado en la anterior legislatura un régimen sancionador para los altos cargos que vulneren la norma y que consistirán en multas por importe de uno a tres meses de sueldo, la destitución del puesto o la inhabilitación por un plazo de cinco a a diez años.
Agendas y un código
El documento recoge, entre otras medidas, la divulgación de las agendas institucionales de los responsables de órganos directivos del sector público y de asesoramiento, así como un código ético que deberá ser aceptado y suscrito por los altos cargos.
