El Gobierno del Principado reafirmó ayer en la Junta cierta disposición a flexibilizar algunas de sus posturas para vencer las reticencias de Podemos. El consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, puso al Ejecutivo en condiciones de aceptar que la redacción definitiva de la ley de Transparencia y Buen Gobierno admita las delaciones anónimas de casos de corrupción en la Administración. Su respuesta al diputado de Podemos Daniel Ripa trataba de atajar la crítica fundamental con la que la formación morada ha rechazado el anteproyecto sobre todo por su exigencia de que delator se identifique ante "un organismo dependiente del propio Ejecutivo que se reserva el derecho de identificar y perseguir judicialmente a esas personas", en referencia a la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción.
"No puede ser que el zorro investigue a las gallinas", reclamó Ripa, o que "el Gobierno se vigile a sí mismo. Debe haber mecanismos independientes", algo que en su réplica le garantizó el consejero, asegurando que la mentada oficina se prevé en el propio anteproyecto de ley integrada por funcionarios.
En la petición previa del nombre y la filiación para denunciar, y en su combinación con la previsión del texto de llevar las denuncias falsas ante la Fiscalía, observa Podemos una "amenaza velada" para los delatores. Según su tesis, la desembocadura final del proyecto legislativo es la institución de "listas negras" de funcionarios díscolos que "pueden ser cesados de inmediato" si utilizan los cauces de revelación que la propia ley pone a su disposición para sacar a la luz la corrupción desde dentro de la Administración. Ripa llegó a comparar los mecanismos de esta "ley mordaza contra la corrupción" con los métodos que Partido Comunista Chino de Mao utilizó en los años cincuenta del siglo pasado, cuando abrió una línea de aportaciones críticas hacia el Gobierno que se acabó utilizando para identificar y perseguir a los disidentes.
El consejero portavoz del Ejecutivo autonómico lanzó su réplica a Ripa acusándole de mentir respecto al supuesto control que el Gobierno se reserva sobre el órgano competente para resolver las advertencias de irregularidades en la Administración. La Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, advirtió Martínez leyendo el anteproyecto, estará compuesta por "la plantilla que determinen las correspondientes relaciones de puestos de trabajo". Eso no lo decide "ningún consejero", apostilló Martínez, que certificó además que la dirección del organismo corresponderá a una persona elegida por mayoría cualificada en la Junta.
Delación pionera
El consejero sí se aviene a revisar el texto. Se dijo dispuesto "a aceptar denuncias anónimas de cualquier persona que quiera denunciar bajo la fórmula que sea", aunque aquí el Principado vaya a ser casi pionero. En España, aseguró, "sólo hay dos oficinas de este tipo, una en Galicia y otra en Cataluña, y en ninguna se contempla" esta figura de la delación sin identificación. El titular de Presidencia quiso dejar claro que se compromete, así lo dijo, a "a quitar directamente" del proyecto de ley "la referencia a las denuncias falsas", eso sí, con una precisión: el castigo de estas conductas ya está previsto "en el artículo 456 del Código Penal y yo no tengo capacidad para retirarlo de ahí", aseguró.
Pese a la conformidad en lo fundamental, Martínez y Ripa se enzarzaron en su cara a cara de ayer a cuenta de su desacuerdo sobre la escasa inclinación a perseguir la corrupción que el diputado de Podemos aprecia en el Gobierno del Principado. El parlamentario pidió la retirada del anteproyecto de ley después de afear al Ejecutivo la "paradoja" de que pretenda llevar ante el fiscal "a quienes denuncien la corrupción" después de "no denunciar ninguno de los escándalos de los últimos años" y Martínez le acusó de "mentir".
La avenencia del Ejecutivo cede, al fin y al cabo, en la línea de lo afirmado el viernes por el presidente del Principado. Javier Fernández se dijo dispuesto "a renunciar a posiciones que consideramos justas en aras de avanzar" una vez que el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, incluyese entre sus recomendaciones de flexibilización de posturas el texto de este anteproyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno.
