De entre todas las intervenciones de impacto territorial nocivo que han enredado el área central asturiana en el desorden, el geógrafo Manuel Maurín escoge la superpoblación de centros comerciales. La región está saturada de ellos en gran parte, y así lo reconoce también el flamante proyecto que el Principado acaba de presentar para la zona, porque la Administración llegó a la restricción demasiado tarde. Legisló para limitarlos a partir de 2005, cuando ya el eje metropolitano urbano de Asturias los tenía en todas las esquinas -hoy hay 21 en ocho concejos, 350.000 metros cuadrados de superficie bruta, un millar de tiendas- y no logró esquivar la anomalía urbanística que hoy eleva a Asturias hasta el tercer puesto en la clasificación de las autonomías españolas con más espacios de comercio y ocio por habitante. Sólo ganan Madrid y Murcia sin demasiada ventaja y eso no se corresponde, apostilla el documento, "con la demografía ni con el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita" del Principado.
Como en otras tantas intervenciones erróneas en este área privilegiada por el paisaje y las dimensiones de sus ciudades, pero castigada por el desconcierto y la improvisación, el documento planificador elaborado por el Gobierno y el Laboratorio de Análisis Económico Regional (Regiolab) de la Universidad de Oviedo pone de manifiesto una dolorosa paradoja, otra, relacionada con la germinación de grandes equipamientos comerciales. Resalta que las primeras Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial, las que contienen la limitación de la expansión de este tipo de instalaciones, son de 2005, cuando "los principales centros de la región ya estaban en funcionamiento desde febrero de 2003".
Los atascos de cualquier fin de semana en el entorno de los centros comerciales del centro de Asturias no se citan expresamente en el texto, pero ilustran sin dificultad por qué se recomienda en él la contención y el viraje hacia el comercio local y de proximidad. Porque, esto sí lo dice, la instalación de estos macrohipermercados en Asturias "ha introducido desorden en la ocupación del espacio, fomentando el uso del vehículo privado, y ha consumido grandes superficies de suelo con una localización estratégica para otros usos". Al valorar la permisividad con la saturación y el retraso en la ordenación, no se entra en la posible motivación económica, el volumen de ingresos que los equipamientos allegan a las arcas de las administraciones, pero sí se deplora sin sutilezas su expansión. El proyecto pide restringirlos, "incluso en las tramas urbanas consolidadas o en actuaciones de su rehabilitación o renovación", y apuesta "en su lugar por el comercio de proximidad y las medianas superficies con medidas como la habilitación de las plantas bajas de los edificios de nueva construcción o los ya existentes".
Se detiene en este territorio dejando de manifiesto su trascendencia. De hecho, en otro momento, el profesor de Geografía de la Universidad de Oviedo Manuel Maurín ya había resaltado esta densidad exagerada de centros comerciales como "el fenómeno más significativo y dañino" de entre toda las múltiple variedad de actuaciones perjudiciales que ha conocido el área central asturiana en los últimos tiempos. En un trabajo elaborado para un congreso de geógrafos de 2011, Maurín alerta sobre la responsabilidad de la Administración en una doble vertiente, legislando a toro pasado, cuando el proceso se había vuelto casi irreversible, y eludiendo el uso de un instrumento útil que la ley ponía a su alcance y que fue ignorado, las Evaluaciones de Impacto Estructural. Estaban previstas desde la Ley de Coordinación y Ordenación Territorial de 1987 y pensadas para "garantizar la adecuación de los proyectos de grandes infraestructuras y equipamientos" a la legislación urbanística, pero no han sido suficientemente aplicadas, lamenta.
