La paralización por ley de las liquidaciones de deudas a los herederos de ancianos fallecidos en residencias públicas esquivó ayer el veto del Gobierno del Principado. La Mesa de la Junta avaló finalmente que el proceso se tramite con rango legislativo, tal y como reclama Podemos, una vez que el Letrado Mayor de la cámara expuso reparos que consideran "imprecisa" la argumentación expuesta por el Ejecutivo regional para oponerse a elevar a ley la suspensión temporal de los expedientes. No queda suficientemente acreditada, al decir del informe jurídico, que concurra en este caso la única razón que permite al Gobierno vetar la tramitación de una ley: su afección a la previsión de gastos del presupuesto.

El Principado había justificado su negativa aludiendo a un incremento del gasto no previsto que el letrado no ve adecuadamente cuantificado. Además, detecta un "déficit de coherencia interna" en el argumentario, habida cuenta de que el propio Gobierno asume que ya ha puesto en marcha las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a una moción sin rango legislativo aprobada por la Junta que tiene el mismo contenido que la ley que ahora se pretende tramitar.

La diputada de Podemos Rosa Espiño niega sin embargo la mayor, considera que en realidad "el Gobierno no está cumpliendo" el mandato con el que la cámara le conminaba a detener las liquidaciones mientras revisaba uno a uno los expedientes y confía en que ahora lo haga mediante la fuerza coercitiva de la ley que espera sacar adelante. "Llama la atención", afirma, "que el PSOE acepte la moción y se oponga a la ley, siendo el contenido el mismo. Si tienes voluntad de hacer algo, no debería importar el formato en el que te lo vendan", apostilla.

Superado el trámite de ayer en la Mesa, el proyecto podrá llegar al pleno el día 8. Allí, donde Podemos podrá sacar adelante la lectura única que garantiza el trámite urgente si obtiene tres quintos de los votos, todos salvo los del PSOE, que ayer volvió a manifestar que mantiene su oposición. El portavoz socialista, Fernando Lastra, reitera su consideración de que la ley "es un error" y viene de una argumentación "cínica e hipócrita que no va en la dirección correcta. Ha habido una orientación política al Gobierno y éste está haciendo el trabajo de forma rigurosa, ordenada y eficaz".