El mayor caso de corrupción de la historia de Asturias

El tribunal advierte de un posible retraso en el inicio de las declaraciones

06.04.2016 | 04:12

El Principado aclaró ayer que atribuyó por error gastos de otros servicios al Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada en la información remitida a la sección tercera de la Audiencia Provincial, que enjuicia a los trece acusados del "caso Marea". Por este motivo figuran gastos de bienes muebles, para el periodo que va de 2006 a 2009, por importe de 11,4 millones de euros (8,8 millones solo en mobiliario), cuando en realidad deberían constar 249.313,08 euros, según indicó el Principado en una nota.

Esta es la justificación del gobierno regional al presunto desfase que denunció en la primera jornada del juicio del "caso Marea" el letrado del empresario Víctor Manuel Muñiz, Miguel Valdés-Hevia. Según el abogado, esos gastos revelaban el "caos contable" de la administración regional. Fue este mismo letrado quien solicitó la declaración de la jefa de formación del instituto Adolfo Posada (no exdirectora, como se dijo en la vista), Soledad Saavedra, esposa del expresidente Vicente Álvarez Areces, para aclarar el supuesto desfase.

Saavedra accedió al puesto en febrero de 2000, en el que se mantiene hasta ahora. El magistrado Javier Domínguez Begega, presidente de la sección tercera, indicó ayer, al final de la sesión, que Saavedra será citada a declarar. "Si hay un error, ¿qué fiabilidad se puede dar a la información del Principado sobre la que se sustenta la acusación?", se preguntó el letrado Valdés-Hevia.

La información remitida por Intervención, tras un auto de la Audiencia del pasado 7 de enero que reclamaba una relación de los gastos en bienes muebles realizados en el periodo investigado, consta de 3.353 registros por un importe total de 84.513.030,05 euros. Según el Principado, "se ha producido un error material en el campo primero del fichero (centro gestor), por una incorrecta asignación de los códigos". La Intervención General está revisando el proceso de asignación de códigos para poder facilitar a la Audiencia un nuevo listado con la correcta atribución de centros gestores en el plazo más breve.

Entre los gastos atribuidos al Adolfo Posada hay adquisiciones para la Feria de Muestras de Gijón, la oficina del Principado en Madrid, el Instituto Asturiano de la Juventud o la Laboral de Gijón, entre otros. La fiscal Carmen Rodríguez no se opuso a la declaración de Soledad Saavedra. Tampoco la letrada del Principado, Isabel González Cachero, aunque sí manifestó cierto disgusto por el hecho de que las defensas traten de "politizar la causa", trayendo al juicio las inversiones del Adolfo Posada o el HUCA, que no se analizaron en la instrucción del "caso Marea". Reclamó un debate "menos político y más jurista". Y se quejó de que se esté tratando de "mezclar en la causa a determinadas personas por ser quienes son y no por sus cargos".

Al final de la segunda sesión del juicio, el letrado Valdés-Hevia negó que pidiese la declaración de Saavedra por ser la esposa de Areces. "Se solicita por el cargo que tuvo en el instituto Adolfo Posada y porque puede aclarar el exceso de gasto", indicó, antes de que el Principado diese a conocer el error. El tribunal también aceptó la declaración de la letrada González Cachero como testigo, tal como solicitan las defensas.Fue secretaria general técnica de la Cultura durante el periodo investigado en este caso, aunque, como señaló ayer, es falso que "fuese responsable de los contratos". La abogada indicó que con su citación, se busca apartarla del juicio y dejar al Principado indefenso, lo que podría dar lugar a la suspensión del juicio.

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