"Me han tenido 24 horas con cinco policías al lado. Ha sido desagradable, pero no nos han golpeado", aseguró ayer, nada más llegar a Madrid, el magistrado asturiano Jesús María Martín Morillo, de la sala de lo social del TSJA, expulsado de Marruecos junto a otros seis juristas por preocuparse de la situación del grupo de presos saharauis de Gdaim Izik, condenados en 2013 por un tribunal militar -nueve de ellos a cadena perpetua- y que han estado hasta el pasado martes en huelga de hambre. "Es la primera vez que me detienen en mi vida. Cuando vas a Marruecos o el Sahara, siempre tienes presente esa posibilidad. No he pasado miedo, pero tranquilo no estás", confesó. Para el juez, "Marruecos ha vulnerado su propia Constitución, que prohíbe detenciones sin una orden judicial. En este caso no la hubo".

La comisión de juristas, integrada por el juez y seis letrados -cuatro españoles, una francesa y un belga-, tenía varias entrevistas concertadas con miembros de la judicatura y la fiscalía marroquíes, asociaciones de derechos humanos e incluso familiares de los presos. "Llegamos a las dos y media del miércoles al hotel en Rabat. Salimos a comer y volvimos. A eso de las cinco y media, la Policía comenzó a llamar a todas las puertas y a pedirnos el pasaporte. Luego nos llevaron a Comisaría", relató el juez, vicepresidente del Observatorio de Derechos Humanos de Asturias.

Fue allí donde les enseñaron el decreto de expulsión firmado por el gobernador civil. "Decía que éramos un peligro para la seguridad interior", apuntó. Después de cuatro o cinco horas en la comisaría, les montaron a todos en una furgoneta y les llevaron al hotel para recoger sus cosas.

"Primero querían meternos en el ferry rumbo a España. Luego lo pensaron mejor y nos dejaron dormir en el hotel para que cogiésemos el avión por la mañana", añadió Martín Morillo. La actitud de las autoridades marroquíes se le antoja "desorbitada y fuera de la ley". El juez resumió los sentimientos del grupo: "Estamos desilusionados. Fue una estupidez lo que hicieron, no íbamos a montar ningún follón".

"Lo único que queríamos era preocuparnos por los presos, que han estado 37 días en huelga de hambre y pedir a la judicatura y a la fiscalía marroquíes que aceleren el recurso de casación. Están pasando una mala situación, algunos de ellos son enfermos crónicos", indicó Martín.

La expulsión casa mal con la tan cacareada apertura de la que hace gala el régimen de Mohamed VI. "Va por rachas. Cuando lo consideran oportuno se saltan esa apertura", indicó el magistrado. En algunos medios se ha subrayado que la expulsión llega en un momento de crisis en las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea, al no haber renovado el acuerdo de pesca entre ambos. La detención de los juristas será una forma de presión más a las autoridades europeas. Martín Morillo no sabe si regresará a Marruecos. "Puedo volver, pero a riesgo de terminar en la cárcel", señaló. Ayer, se confesaba "cansado" después de la traumática experiencia.