El "caso Marea" fue bautizado así por la compresión del nombre de Marta Renedo Avilés, la funcionaria que fue el hilo gracias al cual la Policía logró descoser la que ha sido la mayor trama de corrupción que se ha conocido en Asturias. La investigación terminó siendo un tsunami para la administración socialista de Álvarez Areces, a la que le han ido saliendo sarpullidos generalmente debidos al relajo de las normas de control administrativo y un "tira p'alante" que ha dado lugar a la sospecha y que, en muchos casos, tendrá consecuencias jurídicas.
La "marea" que afronta el gobierno de Javier Fernández puede tener consecuencias políticas calculadas, pero confluyen fuerzas interesadas en elevar el nivel del agua confiando en asfixiar al Ejecutivo el máximo posible.
Fue Isaac Newton (1643-1729) quien ofreció la primera explicación moderna del fenómeno de las mareas, aunque ya desde la antigüedad existía la sospecha de que estaban relacionadas con el Sol y la Luna gracias a la mera observación de sus ciclos. Lo cierto es que el Sol contribuye prácticamente en la mitad de lo que supone la masa de la Luna en los periodos de las mareas. Y no se trata de una perturbación exclusiva de los mares, sino que la atmósfera y hasta los continentes la sufren. En ciertas obras de gran precisión, como la construcción del gran acelerador de partículas del CERN, es necesario tener en cuenta los movimientos de la superficie terrestre debido a las mareas.
Cuando el Sol y la Luna confluyen, las mareas son grandiosas. Igualmente, la combinación del mero caso de corrupción con unas defensas enfadadas y un partido (Podemos) empeñado en erosionar la imagen del PSOE puede convertir el juicio que sienta en el banquillo al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre en un suplicio para el gobierno.
El Ejecutivo de Javier Fernández ya ha llegado al extremo de colocar un cortafuegos: Los socialistas han renunciado a hacer una defensa de la gestión de etapas anteriores en las que el partido ejercía el gobierno y ahora se contenta con la excusa de que en todos los casos que están sobre la mesa se trató de decisiones tomadas por un ejecutivo anterior. Sí, socialista. Pero no el de Javier Fernández.
Sin embargo, el cortafuegos es insuficiente a ojos de los partidos que buscan señalar al PSOE como un nido de corrupción. Esta realidad lleva al gobierno regional a evitar cualquier gesto que pudiese interpretarse como un intento de obstaculizar o minimizar el impacto de los casos. Pero la política es muchas veces el arte de crear las apariencias más allá de las realidades.
Las defensas de los acusados en el caso Marea, por ejemplo, trataron ya hace meses de buscar un acuerdo con el gobierno regional para evitar un juicio largo y de final incierto. Los contactos entre los letrados y Fiscalía se produjeron inicialmente a través de la abogada que defiende los intereses del gobierno regional. Sin embargo, no hubo lugar a mucha negociación. El propio Javier Fernández la frenó en seco. Aquello enfadó a las otras partes, que intentaron otras vías, abrasaron a llamadas el móvil de Guillermo Martínez y trataron de buscar respaldo en el partido.
El gobierno regional podría haber obtenido la garantía del cobro de parte del dinero que presuntamente fue detraído de las arcas públicas en el transcurso del saqueo que parecía haberse convertido en una práctica común entre los participantes en la opereta. Pero ¿qué lectura política hubiese tenido un acuerdo así? Podemos ya se ha lanzado a la yugular solo por el hecho de la existencia de conversaciones, pese a que esa vía ya estaba cerrada por el gobierno mucho antes de las fechas que la formación morada esgrime en sus acusaciones públicas.
La negativa del gobierno a un acuerdo tendrá sus consecuencias en el caso. La primera ya se ha visto: las defensas están dispuestas a convertir las sesiones del "caso Marea" en un continuo debate político para dar la imagen de una administración descontrolada y en la que la corrupción campaba a sus anchas. Incluso valen las malas artes, como atribuir a la esposa de Vicente Álvarez Areces funciones en el Instituto Adolfo Posada que nunca tuvo: todo sea por cobrarse la pieza mayor posible.
Tampoco Podemos parece dispuesto a dejar pasar la oportunidad. Y empleará un argumento sobre el que el PSOE deberá reflexionar: si se produce una repetición de las elecciones generales, ¿tiene sentido que Vicente Álvarez Areces vuelva a tener su sitio en la candidatura al Senado? Estas elecciones no sólo se producirán con el "caso Marea" aún caliente sobre la mesa de la Audiencia, sino con otros en proceso, como la gestión del Centro Niemeyer o las irregularidades administrativas detectadas en la empresa pública de telecomunicaciones GITPA.
Lo cierto es que el gobierno de Javier Fernández tiene poco margen de actuación más allá de explicarse, explicarse y hacerlo otra vez hasta la extenuación. Sólo le cabe esperar a que pase la marea y apuntalar sus muros.
Otro ejemplo son las irregularidades detectadas en el GITPA. El vicio en origen de este asunto está en la encomienda que el gobierno de Areces hizo a toda prisa para utilizar las subvenciones del plan "Avanza". El GITPA tenía como misión establecer una red de cable que garantizase la conexión por fibra óptica de todo el territorio asturiano y no solo de aquellos lugares en los que las empresas privadas ya habían dispuesto su red porque había negocio.
Sin embargo, aquella encomienda (un documento administrativo que establece cómo debe actuar y cuáles son los criterios económicos por los que el GITPA debía realizar contratos) resultó una chapuza máxima, como reconocen en privado altos cargos de la actual administración autonómica. Mientras que lo normal hubiese sido corregir esos errores, el criterio que prevaleció fue el de continuar adelante y tratar de tapar los agujeros como fuese.
El análisis realizado por el gobierno sobre las cuentas de la empresa pública del cable parece indicar que nadie se llevó dinero a casa (así lo ha constatado el Tribunal de Cuentas), pero sí que el exigible orden administrativo que se exige a cualquier entidad que trabaje con dinero público se trampeó para hacer que las cuentas cuadrasen. Y así, el gobierno regional se enfrenta a un caso cuyos males datan de etapas anteriores, en el que (en principio) no hay desvío de fondos a los bolsillos de nadie pero sí una desastrosa gestión administrativa. ¿Qué puede hacer más allá de observar cómo sube el oleaje y rezar para que no exceda los muros?
En el caso Niemeyer, la exconsejera de Cultura Ana González se encargó de llevar ante el juez los desajustes contables del equipo de Natalio Grueso, aun con el riesgo que supuso cuestionar la vigilancia llevada a cabo por otro gobierno socialista.
Sí hay una cuestión que no admite justificación en el "caso Marea": el retraso en evaluar el coste que para las arcas públicas tuvo el ineficiente control y las ganas de apropiarse de dinero público por parte de los acusados. El ejecutivo de Areces no quiso hacer indagaciones y el de Álvarez-Cascos, pese a esgrimir el asunto en la campaña electoral que le llevó a la presidencia del Principado, tampoco.
El tribunal analizará ahora las peticiones de nulidad presentadas por las defensas. El colmo sería que el ya reconocido como el mayor caso de corrupción de la historia de Asturias terminase disuelto en errores legales o fallos de procedimiento.
