Fortalecer la vigilancia sobre la contratación del Principado y evitar que se repitan fraudes como el del "caso Marea". Este es la finalidad de la proposición de ley que ha registrado Ciudadanos ante la Junta General del Principado y que tiene como primera medida reforzar la Inspección General de Servicios,
Ciudadanos ha decidido proponer la consolidación y refuerzo de la Inspección General de Servicios, mediante una nueva ley, ante la "insatisfactoria respuesta" ofrecida por el Gobierno en el Pleno de esta semana, cuando el diputado Armando Fernández Bartolomé preguntó a la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, sobre los mecanismos existentes en el Principado para controlar la contratación menor. Carcedo aseguró que se habían producido "avances" y "mejoras continuas", algunas de ellas apuntadas en las recomendaciones de la comisión de investigación del "caso Marea".
Bartolomé sostiene que el fortalecimiento de la vigilancia en la contratación pasa por mejorar en medios humanos y cobertura jurídica la Inspección General de Servicios o, lo que es lo mismo, la unidad de "Asuntos Internos" de la administración. La iniciativa legislativa, que consta de 26 artículos, plantea dotar a esta Inspección del nivel orgánico de dirección general, con un inspector general como máximo responsable, y más personal. Este órgano, que ya existe, tendría entre sus cometidos la realización de auditorías internas. La Inspección General fue requerida en 2010 por la entonces consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, para determinar el alcance del fraude de la funcionaria Marta Renedo pero en cambio el Gobierno socialista de aquella etapa no solicitó auditoría ni informes de la contratación irregular en la consejería de Educación, bajo el mando de José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero.
