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Ocho años de cárcel y 3 millones de multa para el dueño de APSA por fraude fiscal

Alfonso Carlos Sánchez recurre la sentencia, dictada por un Juzgado de lo penal de Gijón

12.05.2016 | 03:55
A la derecha, Alfonso Carlos Sánchez, con su abogado, Javier Díaz Dapena.

En su declaración en el juicio del "caso Marea", el pasado 27 de abril, el dueño de Almacenes Pumarín (APSA), Alfonso Carlos Sánchez, hizo referencia, bien es verdad que un tanto crípticamente, a otro proceso en el que estaba inmerso y que podía afectar al que se está desarrollando ahora en la sección tercera de la Audiencia. Se trataba del juicio por fraude fiscal que se le ha seguido en el Juzgado de lo penal número 1 de Gijón, y que le ha valido una condena de ocho años de prisión y una multa de tres millones de euros por cuatro delitos contra la Hacienda Pública. El administrador único de APSA ha recurrido la sentencia, que no es firme, ante la Audiencia Provincial.

El juicio iba a celebrarse en abril del año pasado, aunque se pospuso hasta unas semanas antes de iniciarse el de ahora, y la sentencia llegó poco antes de la apertura de las sesiones, según fuentes jurídicas. Sánchez se enfrentaba a una petición del Ministerio Público de nueve años y diez meses de prisión por defraudar 2,1 millones de euros en el Impuesto de Sociedades de 2006, 2007 y 2009, y en el IVA de 2007, así como por un delito continuado de falsedad documental. El empresario iba a sentarse en el banquillo junto a un trabajador autónomo que emitió 16 facturas falsas (siempre según el fiscal) a petición del empresario.

En el caso del administrador único de APSA, en julio de los años 2007, 2008 y 2010, en relación con el Impuesto de Sociedades de 2006, 2007 y 2009, presentó autoliquidaciones siguiendo el modelo 200 en las que conscientemente consignó datos "tergiversados", que no se correspondían con la realidad de su actividad empresarial, con el fin de minorar la tributación, ocultando el volumen de sus ingresos.

Según el fiscal, "se dedujeron gastos inexistentes o no deducibles, no declaró ventas reales y afirmó unas existencias inferiores a las habidas". En el Impuesto de Sociedades de 2006 habría defraudado 731.801,98 euros; en el de 2007, 830.562,04; y en el de 2009, 400.420,25 euros. En cuanto el IVA, la Fiscalía calculaba un fraude de 152.456,12 euros. Al autónomo se le atribuía haber emitido diez facturas en 2006 por 740.925,28 euros y otras seis en 2007, por otros 375.456,03, por trabajos que no se realizaron. El gasto deducido por estas facturas irreales por APSA suponía una cuota defraudada de 381.000 euros. Para este autónomo, el Ministerio Público solicitaba siete años y diez meses de cárcel.

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