La Junta General del Principado rechazó ayer, con la sola oposición del PSOE, la gestión del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre al frente de la Consejería de Educación y puso plazo a una encomienda para que el Gobierno regional cuantifique el daño causado a la Administración por los manejos de los implicados en el "caso Marea". Toda la oposición respaldó una iniciativa de Podemos que insta al Ejecutivo regional a elaborar en un plazo que no exceda de los tres meses informes que evalúen el quebranto entre los ejercicios de 2003 y 2009, que incrementen la colaboración del Gobierno con el proceso judicial en marcha y fortalezcan los controles de vigilancia interna en la Administración.
El texto acordado reclama que la investigación incluya el análisis del recuento de gastos por valor de ocho millones de euros, la mayoría en mobiliario, que el Ejecutivo aportó a la causa como asignados, después dijo que "por error", al Instituto de Administración Pública Adolfo Posada.
Podemos dio por "probado", por boca de su portavoz, Daniel Ripa, que las irregularidades de "Marea" afectaban "a todas las consejerías" y volvió a reprochar al Gobierno que mantenga el "aforamiento preventivo" del expresidente Vicente Álvarez Areces conservando su nombre en la lista socialista al Senado.
El portavoz del grupo socialista, Fernando Lastra, cerró un debate de reprobación generalizada a la actitud del Gobierno en "Marea" reprochando una vez más a Podemos que haya asumido las versiones de los acusados. "Valoran las irregularidades antes de comprobar que las haya", le dijo a Ripa antes de asegurar que todos los informes que pide la moción "están hechos". "Se aportaron 60.000 folios al Juzgado de Gijón", concluyó.
