El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (OCAN), vinculado a Podemos, estima que la reciente imputación como investigados de los representantes legales de Tudela Veguín e Hidroeléctrica del Cantábrico, José Antonio Muñiz Muñiz y Joaquín Coronado Galdós respectivamente, "viene a reforzar" sus tesis sobre la licitación, adjudicación y ejecución de las obras de ampliación de El Musel. Una tramitación que ve "plagada de irregularidades" que, a juicio del Observatoriu, "sirvieron para lucrar indebidamente a los propietarios de estas empresas". "La connivencia entre funcionarios de la Autoridad Portuaria de Gijón y las empresas adjudicatarias resulta cada día más evidente a la vista del demoledor informe realizado por el Ministerio Fiscal", añade el organismo en un comunicado.
"Denunciamos la desfachatez en la forma de proceder por parte de los adjudicatarios, que desde el primero momento sabían de la imposibilidad de explotar la cantera de Aboño y la necesidad de acudir a la cantera de Perecil, propiedad de Tudela Veguín y principal beneficiario de esta operación de saqueo de fondos públicos", subraya el Observatoriu. "El acuerdo de intenciones entre la Autoridad Portuaria de Gijón e Hidroeléctrica del Cantábrico, por el que se posibilitaba la explotación de la cantera de Aboño para las obras de El Musel, ha resultado un fraude evidente en la medida en que ya sabían que no podrían explotar esa cantera con anterioridad a la adjudicación del contrato, y que habría que acudir a la cantera de Tudela Veguín como fuente principal de materiales para la obra", sostiene la organización ligada a Podemos.
Para el Observatoriu, "todo parece indicar que Tudela Veguín maniobró para manipular la adjudicación del contrato de El Musel y ser la principal beneficiaria de un despilfarro millonario".
