El síndico mayor, Avelino Viejo, ratificó ayer el informe de la Sindicatura que apunta a "anomalías" en siete contratos relacionados con los Centros de Formación al Consumidor (CFC) suscritos por la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo con la empresa Inter, Infancia y Territorio, perteneciente al grupo de La Productora, entre 2004 y 2009, etapa del gobierno socialista de Álvarez Areces. El caso se conoce como "la Mareína", puesto que se trata de una investigación de menor calado procedente del "caso Marea". El informe de la Sindicatura establece que "las irregularidades e incidencias detectadas en la tramitación de los expedientes (...) estaría propiciando una posición de ventaja a favor de una de las empresas de La Productora, que venía prestando el servicio desde 2002". El síndico, sin embargo, prefirió hablar ayer de "anomalías, deficiencias y debilidades" antes que "irregularidades", ya que esta denominación solo se utiliza en caso de que se detecten "aspectos delictivos o responsabilidades contables" que deban ser comunicadas a la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas.
En su declaración de ayer ante la magistrada Simonet Quelle Coto, titular del juzgado de instrucción número 2 de Oviedo, que es la que instruye "la Mareína", Viejo indicó que se detectaron una serie de anomalías en el sistema de contratación en siete expedientes. El informe fue instado por la Junta General del Principado a raíz de la comisión de investigación del "caso Marea" y se incluyó en el programa de fiscalizaciones correspondiente a 2014. Se aprobó en abril de 2015, una vez examinadas las alegaciones. Viejo se ratificó enteramente en el informe, aunque también aseguró que no fue ponente del mismo.
Entre las anomalías que recoge el informe está la falta de motivación de los contratos en las documentación preparatoria de los contratos, la ausencia de valoración del coste del servicio, la ausencia de concurrencia y de negociación real, una modificación de hasta el 23 por ciento en el precio de unos de los contratos, sin justificación, la falta de control en la ejecución de los contratos y la concurrencia de dos empresas del grupo La Productora en al menos tres contratos negociados sin publicidad.
A la comparecencia acudieron los letrados Miguel Valdés-Hevia, Ana Arrojo (en sustitución de Fernando de Barutell, del Partido Progresista de Belmonte) y José María Acebal, letrado de una de las funcionarias investigadas. Tan solo planteó preguntas Valdés-Hevia, abogado de Alfonso Carlos Sánchez, de APSA, quien quiso saber por qué, en el informe, no había un apartado dedicado a las alegaciones. Viejo indicó que todas las alegaciones se estudiaron y que, generalmente, solo modifican el informe inicial muy parcialmente. Siguieron algunas preguntas sobre la funcionaria que puso los hechos en conocimiento de la Justicia, y que fue testigo protegido del instructor del "caso Marea", Ángel Sorando. El síndico confesó su desconocimiento sobre esta persona, ni si actuaba en el marco de un pleito laboral con el Principado. Viejo defendió la objetividad del informe de la Sindicatura y negó que incluyese "juicios de valor".
En esta pieza separada están imputados Juan José Llaneza, ex director de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo; Eva María Sánchez Díaz, ex directora de la Oficina de Planificación y Gestión del Patrimonio Cultural, así como tres ex jefas de servicio: dos de Consumo, C. M. G. y A. I. F. F.; y la de Coordinación de las Unidades Territoriales de la Agencia de Consumo, Rosa Urdiales, que fue directora general de Ganadería. Eva María Sánchez y su esposo, Víctor Suárez, ex viceconsejero de Comunicación de Areces, fueron socios de La Productora.
