El PP asturiano y Podemos coincidieron ayer en la denuncia sobre la falta de control del Gobierno socialista para evitar que se produzcan casos de "puertas giratorias" entre los altos cargos del Principado. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, que compareció ayer ante la comisión de Reglamento de la Junta General, afirmó que en la última legislatura no hubo ningún sancionado por incumplir la ley que establece la obligatoriedad para todos los altos cargos de presentar sus declaraciones de incompatibilidades y de bienes e intereses, respectivamente.
En la comisión hubo cierta crispación cuando el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons preguntó repetidas veces al consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, sobre cuántos altos cargos habían cumplimentado con la obligación de presentar sus declaraciones de incompatibilidades y de bienes e intereses. "No me contestó", cuestionó Cuervas-Mons, que amplió el objeto esa pregunta tras comprobar que el primer exdirector del GITPA, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, no había presentado su declaración. El PP quiere saber si el exgerente de la ZALIA y el actual responsable de Sogepsa, socios en una sociedad, presentaron sus declaraciones. Podemos sostiene que la falta de control sobre las incompatibilidades "engrasan las puertas giratorias asturianas". Un colectivo de funcionarios denunció que la empresa pública Serpa adjudicó en 2013 un contrato a una sociedad de la que había sido gerente, un año antes, el responsable de la citada firma pública.
