04 de junio de 2016
04.06.2016
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La juez declara complejo el "caso Aquagest" a petición del acusador público

04.06.2016 | 06:04

La juez Pilar de Lara, instructora del "caso Aquagest", que involucra a diversos cargos del PP asturiano, entre ellos el exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, y el expresidente popular de Avilés, Joaquín Aréstegui, ha declarado las diligencias previas como causa compleja, a petición del ministerio público. Esta declaración alarga el plazo de instrucción año y medio.

La juez estima que se dan los requisitos marcados por la ley de Enjuiciamiento Criminal para alargar la instrucción. En primer lugar la causa "recae sobre grupos u organizaciones criminales". Según un auto de la juez, "la investigación se centra en la actuación continuada en el tiempo, presuntamente delictiva, cometida por la empresa Aquagest, cuyos administradores y delegados, de forma coordinada y jerarquizada, habrían implantado una política empresarial en el territorio nacional, afectante a diversas comunidades autónomas, conforme a la cual, para lograr adjudicaciones de las administraciones realizarían presuntamente sobornos que tendrían como destino aquellas autoridades municipales y funcionarios que bien directa o indirectamente han realizado actos o influenciado en los funcionarios que forman parte de los órganos de contratación con la finalidad de obtener diferentes contratos". Añade que, para gratificar la actuación de tales políticos y funcionarios se contratarían a distintas personas "recomendadas", se realizarían regalos y pagos de dinero y viajes y se haría entregas de dinero a los entes públicos, para actos o eventos.

Aduce la juez una pluralidad de delitos: cohecho, tráfico de influencias, fraudes a las administraciones, uso de información privilegiada, prevaricación, falsificación, contra la hacienda publica, blanqueo y asociación ilícita. Además "involucra a gran cantidad de investigados o víctimas". Otro motivo para declarar compleja la causa son las diligencias aún pendientes, como el volcado de datos, la emisión de informes de Vigilancia Aduanera e Intervención del Estado, entre otras. Se precisa además de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas.

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