Asturias ha completado con éxito la revisión de cerca de 5.000 causas que estaban pendientes o cuya instrucción estaba próxima a cumplir los seis meses, el plazo que con carácter general se ha establecido para investigar los asuntos, por así decirlo, normales en la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal. En aquellos casos que cumplían los requisitos -básicamente aquellos en los que estuviesen implicados organizaciones criminales, con una pluralidad de investigados o delitos, o que requiriesen de la realización de periciales complejas, como la revisión de una documentación extensa o el estudio de la gestión de personas físicas o jurídicas-, los fiscales han tenido que requerir que se declarasen las diligencias como causa compleja, que da un margen de año y medio para prolongar la investigación, prorrogable por otro año y medio, éste ya el último. El esfuerzo ha sido notable. Los 44 fiscales encargados de instruir las causas han tenido que revisar una media de 108,6 causas, muchas de ellas de diez tomos para arriba, en un plazo record de seis meses, antes de este lunes, día 6. La Fiscalía Superior ha recibido tres fiscales de refuerzo entre marzo y mayo. También se pidió más funcionarios al Principado, que prefirió aumentar la jornada de diez de los funcionarios ya adscritos a la Fiscalía. Como indicaba el pasado viernes la Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, "ha sido un gran sobreesfuerzo, una tarea ingente que se ha solventado ampliando la jornada laboral en muchas ocasiones hasta las ocho de la tarde". El esfuerzo ha permitido poner en orden las situación de la Justicia en Asturias. Los fiscales han desatascado un total de 2.625 casos, algunos de los cuales dormían el sueño de los justos en los cajones de los Juzgados. La Fiscal Superior no se atrevió a desvelar cuál era el caso que llevaba más tiempo parado. Sí indicó que se ha solicitado sobreseer alguno de ellos, al no haber materia punible, en otros se ha pedido que se archiven por haber pasado los plazos para acusar y en buena parte de ellos se ha acelerado la acusación. "Ningún criminal se ha librado", indicó Fernández, "en cualquier caso, se ha acercado más al banquillo". El plazo de seis meses que marca la ley de Enjuiciamiento Criminal "en ningún caso es una ley de punto final" para determinadas causas que implican a políticos.
Asturias ha cumplido, pero en otras comunidades, como Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana, con un volumen de causas muy superior, hay serias dudas de que se consiga el objetivo, como indica el magistrado Julio Martínez Zahonero, delegado territorial en Asturias de Jueces para la democracia. Esta asociación profesional de jueces se ha mostrado crítica con la reforma. El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, indicó recientemente a LA NUEVA ESPAÑA que el pasado diciembre, cuando se estableció el plazo de seis meses para finalizar la instrucción, se reclamó un "compromiso por la eficiencia" en los Juzgados españoles. "No es de recibo que el ciudadano tenga una causa abierta durante años en el Juzgado", añadió Catalá. Hasta ahí, nada que objetar. "El problema es que se ha puesto en marcha sin los medios adecuados", cree Martínez Zahonero, y eso pone en peligro la tutela judicial efectiva.
Causas complejas
Pero hay más. Hay causas y causas. "Es sumamente dudoso que una investigación como la del 'caso Marea' o los ERE's de Andalucía pueda instruirse en el plazo máximo de tres años que establece la ley. Son demasiado complejas para que lleguen a buen fin en ese tiempo", indica Martínez Zahonero. El plazo se antoja corto, pero también es verdad que, aparte de esas prórrogas, cabe establecer un plazo extraordinario, siempre que se especifique muy bien el porqué. En opinión de la Fiscal Superior, no se pone tanto el acento en los plazos como en las motivaciones para alargar la instrucción, de forma que ésta se mantenga en todo momento controlada. Eso es precisamente lo que tendrán que hacer los fiscales a partir de ahora, mantener una suma atención a los plazos y justificar, con los motivos tasados que establece la ley -que por otro lado son bastante amplios-, cada solicitud de ampliación de las investigaciones. Unos quince o veinte días antes de que finalice el mes, tendrán que comprobar sus listados y acudir a las causas que se aproximen a su caducidad de seis meses, analizar si existe base para proceder a la transformación en procedimiento abreviado y presentar acusación, o si se hace necesaria la práctica de nuevas pruebas, en cuyo caso deberán acudir a los supuestos para alargar la instrucción.
En teoría, el concepto de causa compleja parece estar diseñado para asuntos como las tramas de corrupción, las operaciones contra el narcotráfico o las investigaciones de terrorismo. Sin embargo, será útil para asuntos de menor enjundia -no por ello menos serios para los afectados- como los delitos de lesiones o los accidentes de tráfico. Y es que, en muchas ocasiones, la valoración de unas lesiones se alarga en el tiempo, al no haberse curado el perjudicado en el plazo de seis meses marcado para la instrucción. En este caso, las causas podrían alargarse aduciendo el motivo que hace referencia a la necesidad de realizar periciales complejas.
Diligencias eternas
"La revisión de las causas ha requerido de una gran coordinación, nos hemos tenido que poner todos las pilas", indicó Juan Carlos García López, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Asturias. Y ha requerido un sobreesfuerzo para adaptarse a los objetivos del legislador. "Es más fácil poner una norma que luego aplicarla", sentenció. Pero este juez no tiene duda de que la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal era necesaria. "Había diligencias que podían eternizarse dos, tres, incluso cuatro años y más. Luego nos encontramos con chicos que han cometido un delito en determinadas circunstancias y al cabo de los años se han casado, llevan otra vida, tienen que enfrentarse a las consecuencias. Para enjuiciar los delitos tiene que haber cierta proximidad en el tiempo", opinó García López.
La nueva legislación, además, podría ser el fin de las macrocausas. "En el 'Marea' se han incluido diferentes hechos e investigaciones que al final no parecían tener mucha relación. Al llevar todos esos asuntos de forma conjunta, hay una pluralidad de investigados y de recursos que alargan la causa de forma indefinida. Ahora, lo que la ley ha decidido es: por cada delito, haga un expediente. En Baleares, se ha hecho con el 'caso Palma Arena'. Se ha subdividido en diferentes causas que han agilizado el juicio. Si se hubiesen mantenido unidos todavía no habríamos visto a Iñaki Urdangarín en el banquillo. En APM, en absoluto lo vemos como una 'ley de punto final', para dar carpetazo a determinados asuntos", dice García López.
