La Audiencia ve indicios de criminalidad en la querella del SOMA contra Villa

28.06.2016 | 01:48

Golpe judicial a José Ángel Fernández Villa. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, en un auto del que ha sido ponente el presidente del tribunal, Javier Domínguez Begega, ha rechazado el recurso de apelación presentado por la defensa del exsindicalista, a cargo de Ana García Boto, contra el auto de la magistrada Simonet Quelle Coto, titular del Juzgado número 2 de Oviedo, que admitió a trámite la querella del SOMA por apropiación indebida. En el citado recurso, la defensa aducía, entre otras cuestiones, la eventual prescripción de los supuestos delitos atribuidos a Villa. El exsindicalista presentó recurso de reforma y subsidiario de apelación contra esta decisión el pasado mes de septiembre. La magistrada rechazó el recurso en diciembre, pero la apelación ante la Audiencia no se tramitó hasta abril. Ahora la Audiencia considera que la querella esta bien admitida al apreciarse indicios de criminalidad en los hechos denunciados.

En el auto, la Sección Tercera de la Audiencia indica que la procedencia de la admisión no es infundada "desde que el objeto de ese acto procesal lo constituye un relato fáctico del que pueden derivarse unas responsabilidades criminales -que obviamente no se prejuzgan- y por lo que es tributaria de la práctica de las diligencias de investigación pertinentes".

El mismo auto indica que es "del todo prematuro anticipar una eventual prescripción de los tipos delictivos en que se pudieran subsumir aquellos hechos, máxime cuando la calificación provisoria de los delitos de referencia que contiene la querella admitida incluye el instituto de la continuidad delictiva".

A la Audiencia se le acumula el trabajo respecto a este caso, ya que debe responder a varios recursos de las defensas. En primer lugar, el planteado por la letrada de Villa contra la decisión de la magistrada de autorizar un nuevo examen neurológico a petición del SOMA, y que correría a cargo de uno de los mayores expertos de España, con el fin de determinar si el exsindicalista puede o no prestar declaración, un punto que según la juez no está claro. Las defensas también han recurrido que el caso se haya convertido en causa compleja, lo que alarga año y medio más la instrucción.

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