Ha llegado la hora de las incomodidades para los acusados en el juicio del "caso Marea", la declaración de los peritos. Y ayer fueron demoledores con Marta Renedo. Los peritos que analizaron diversos documentos, como la apertura de las cuentas utilizadas por la exfuncionaria para desviar fondos del Principado o los expedientes en los que figuran las firmas de sus superiores, como las exconsejeras Encarnación Rodríguez y Ana Rosa Migoya, o el exdirector general Alberto Pérez Cueto, ratificaron que fueron falsificados por la exfuncionaria.

Renedo presentó sus propios peritos, que trataron de desvirtuar a los de la Policía. Criticaron por ejemplo que, para realizar el cotejo, se hubiesen utilizado documentos de 20 años atrás. Los agentes no dudaron de que Renedo falsificó las firmas atribuidas a Severina Blanco; en el caso de Pilar Fernández, también cree que las hizo Renedo, aunque con dudas.

Además, comparecieron el jefe de la Inspección de Servicios, Luis Carmelo Ménguez; la directora general de Informática María América Álvarez y el Jefe del Servicio del Área de Técnica de Sistemas, Borja García de la Noceda, quienes ratificaron que ninguno de los trabajos atribuidos a las empresas de Renedo (Implans Mounts, Oxiplans o Azucena Vega) se realizaron, y que 11 fueron hechos por otras empresas.

Ayer también declaró la responsable del área de Formación del Instituto Adolfo Posada, Soledad Saavedra, esposa del expresidente regional Vicente Álvarez Areces. Fue convocada por un desfase hallado en la documentación remitida por el Principado a la Audiencia, en la que se atribuían gastos en mobiliario por 11 millones a ese servicio. Se trataba de un error que fue enmendado por el Principado, pero aún así se mantuvo la comparecencia de este alto cargo por parte de la defensa de Víctor Manuel Muñiz. "No tenía competencia alguna en materia de contratación. Nosotros hacemos propuestas de contratación de docentes, pero la decisión corresponde al director del centro", indicó Saavedra, quien aseguró que había pedido amparo al Principado a raíz de las informaciones derivadas de las sesiones del juicio, que afectaban "a su imagen". Solo un letrado, Alberto Suárez, de Podemos, le preguntó por su marido. Pero Saavedra fue tajante: "Vengo aquí como funcionaria a hablar de mi trabajo".