La diputada de FORO, Carmen Fernández, ante los continuos problemas que se han sucedido en los últimos días con los enlaces aéreos de la compañía Vueling, cuyos pasajeros se han visto afectados por retrasos y cancelaciones, han afirmado hoy que "el gobierno de Asturias guarda un inexplicable el silencio ante el caos de Vueling, con quien tiene firmado un contrato por un millón de euros".

"Pero lo más sangrante -añadió Carmen Fernández- es que Vueling ya dio muchos problemas el año pasado por lo que no se entiende esta falta de previsión ante la campaña estival, ocasionando graves trastornos a los viajeros, muchos de ellos asturianos, sin olvidar que estamos hablando de una compañía que genera retrasos generalizados en toda Europa, por lo que el gobierno de Asturias debiera explorar otras opciones".

"A ello hay que añadir que la ruta entre Asturias y Barcelona viene incrementando los problemas desde su implantación en 2013, con retrasos generalizados que en algún caso han superado las diez horas, con los evidentes daños a los pasajeros y el destrozo para muchas personas de la 'operación salida' de vacaciones", dice.

La diputada de FORO advierte que "los retrasos no se circunscriben a la ruta entre Asturias y Barcelona ni a las nacionales pues en enlace con Londres-Gatwick también ha sufrido demoras. Cabe recordar que estamos hablando de muchos vuelos, y hace 10 días que solo salen en hora los de las 7:35 horas, y el fin de semana pasado hubo cancelaciones con Barcelona pero también con Málaga".

"Ante esta situación y el hecho de que el ministerio de Fomento ya ha abierto un expediente a Vueling por el cumulo de cancelaciones y retrasos -asegura Carmen Fernández-, va siendo hora de que el gobierno de Asturias diga algo, puesto que esta compañía forma parte de la UTE liderada por Iberia que tiene el contrato más importante con el gobierno del Principado para la promoción turística, 6'2 millones de los que Vueling se lleva uno".

"Los operadores turísticos son quienes proponen un segundo avión en verano, algo que el gobierno debiera, al menos, estudiar para evitar este tipo de problemas", prosigue Carmen Fernández, quien considera que "la Unión de Consumidores de Asturias debería de actuar de oficio en defensa de los derechos de los asturianos afectados por los retrasos y cancelaciones".