Máximo impacto potencial, mínima capacidad de adaptación, máxima vulnerabilidad. Así es Asturias en su relación con los riesgos que vienen con el cambio climático, una de las regiones menos preparadas de Europa para asumir los desafíos ambientales que citando a la UE señalan las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio recién expuestas por el Gobierno del Principado a dos meses de información pública. En su diagnóstico de fuerzas y flaquezas, de potencias explotables y fragilidades reparables, el documento que actualiza las pautas del planeamiento asturiano del futuro abre el inventario de amenazas catalogando a Asturias entre las regiones europeas más vulnerables y peor aclimatadas a los desafíos del calentamiento global y los efectos de las alteraciones del clima por la mano humana.
Antes de llegar al tratamiento, que recetará entre otras medicinas el veto de la edificación en llanuras inundables, la elusión de obras de defensa y encauzamiento en los ríos o todo lo que quepa dentro del necesario "tránsito del Principado a una economía crecientemente baja en carbono", el juicio clínico de los redactores de las directrices acota la detección de los males en una atmósfera vulnerable y geográficamente sobre todo en las vecindades de los cursos de agua. Son especialmente delicados, avanza, "los territorios litorales, las rías y los puertos por el impacto de las olas extremas" y las playas "por el retroceso de la línea de costa", particularmente los humedales, las marismas y los arenales "de arenas más finas y que reciben las olas más grandes".
Según los datos de la UE, los mapas de previsión del riesgo y de adaptación a las nuevas necesidades que se avecinan dicen que Asturias comparte con La Coruña la peor situación entre las provincias de la balconada cantábrica española, la catalogada como de "impacto negativo más alto" y "menor capacidad de adaptación". El peligro de alto impacto de las secuelas del cambio climático es elevado en casi todo el litoral español, pero la estadística de la UE salva al Norte a Lugo, Cantabria y País Vasco y en el Mediterráneo sólo a la provincia de Tarragona.
Concurren en el Principado, a la vista de lo consignado en las directrices, las contingencias derivadas de la combinación del "desarrollo industrial y el poblamiento urbano". Caben aquí la transformación del medio operada a su ritmo y, en concreto, la "ocupación de vegas inundables", la "eliminación de la cubierta vegetal que protege de la erosión" o la "desmovilización productiva del monte", entre otras debilidades. Y aunque se hayan trazado "mapas de riesgos de inundación y erosión" y se haya tendido "una red de vigilancia de la contaminación ambiental, no es suficiente el conocimiento de los problemas", concluye el documento, que pide estrategias de corrección "tanto en la escala regional como en la local".
Hasta aquí el diagnóstico. A partir de aquí la propuesta de soluciones. En los cauces fluviales, las directrices abogan por liberar de la edificación las llanuras inundables y además de evitar los encauzamientos prever "en puntos críticos, como las confluencias de los ríos", "llanuras de inundación que pueden ser utilizadas como espacios para el ocio y esparcimiento". Opta además por elevar la concienciación de la población señalando "el nivel alcanzado por la lámina de agua" en las inundaciones para advertir de la magnitud de riesgo de reproducción del problema o por la reducción del consumo de agua "mejorando la eficiencia de la red y minimizando las pérdidas".
"Región hipocarbónica"
Se extiende además en la necesidad de revertir el retrato de Asturias como "región hipocarbónica", que en el terreno de la contaminación atmosférica ha llegado a una situación de "alta vulnerabilidad" y a la exigencia de reducción de sus emisiones por el lastre de su "elevada dependencia energética exterior, la progresiva influencia de una legislación europea cada vez más restrictiva con las fuentes fósiles o la importancia estratégica de los sectores productivos energéticamente intensivos en los que está especializada la región". Reconoce el texto el esfuerzo y constata "una sustancial mejora en las condiciones de calidad de su aire y una reducción muy apreciable en los niveles de contaminación atmosférica y de gases de efecto invernadero", pero detecta graves problemas puntuales y una apreciable necesidad de suturar unas cuantas heridas ambientales. La opción abrazada expone una lista de actuaciones que abarca el incremento del uso del transporte público, la generalización de un camino hacia la "autosuficiencia conectada" mediante el uso de energías renovables, la potenciación de la investigación sobre el modo de aminorar la dependencia energética externa o la apuesta decidida, sobre todo en los entornos rurales, por la biomasa.
Emerge además cierta exigencia de honestidad y transparencia en las mediciones de emisiones, exponiendo la necesidad de "incorporar la medición de la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos a la evaluación ambiental de determinados proyectos de alto impacto territorial, previendo las compensaciones correspondientes". También se detiene en las afecciones al paisaje de las redes de transporte de electricidad, reclamando que respeten los espacios protegidos y que se integren en la medida de lo posible en corredores ya trazados, como las autopistas, las líneas de ferrocarril o "trazas eléctricas preexistentes".
