Izquierda Unida no comparte el regocijo del Principado ante la receptividad de Renfe y vislumbra otra vía muerta y un indicio de "vuelta a las andadas" en la actitud de la empresa estatal respecto al futuro del servicio ferroviario en Asturias. La oferta expuesta ayer al Principado es, a su juicio, "un parche" que tapa el anuncio de que "van a desvestir un santo para vestir otro, a privatizar las mercancías para vestir la comunicación de viajeros".

El portavoz de la coalición en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, anunció ayer la pretensión de su grupo de solicitar que la consejera de Infraestructuras explique en la cámara el contenido de su reunión con el presidente de Renfe y avanzó su opinión en contra de una propuesta de remedio ajena a su petición de "un compromiso y una programación de inversiones que tienen que ver con la infraestructura, los equipos, los materiales móviles y los conductores". Pero "de poco vale que aumenten los conductores", afirma el diputado, "si no hay material móvil; de poco vale que aumenten conductores y el material móvil si los problemas de infraestructuras siguen. Creemos que tiene que haber una solución integral y que no puede ser a corto plazo", concluye.

La Unión de Consumidores de Asturias, mientras tanto, exigió ayer al Ministerio de Fomento la apertura de un expediente sancionador a Renfe por el caos de la vía estrecha en Asturias y conminó a la Fiscalía asturiana a abrir diligencias para determinar si la operadora incurrió en algún delito al incumplir sus obligaciones para con los viajeros. Destaca la organización en su denuncia que la empresa no informó a los usuarios ni habilitó medios alternativos a los servicios suprimidos y que lo hizo a sabiendas de que no podría cumplir algunos de los itinerarios comprometidos, por lo que insta a los afectados a exigir las compensaciones a las que tienen derecho.