21 de julio de 2016
21.07.2016
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El Principado admitirá denuncias anónimas de corrupción sólo si la Junta lo pide por mayoría

El Ejecutivo lleva a la cámara su ley de Transparencia y Buen Gobierno, encallada desde la pasada legislatura, para su tramitación "inmediata"

21.07.2016 | 01:59

El anteproyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo trámite parlamentario estuvo previsto para el primer semestre de 2013, recibió ayer el visto bueno del Ejecutivo regional para su entrada y tramitación en la Junta General del Principado. Llega después de un largo proceso lleno de curvas y de pasar de objetivo básico a asignatura pendiente en la pasada legislatura, ahora con el propósito renovado de alcanzar al fin la fase de debate parlamentario en el próximo periodo de sesiones "de manera inmediata". Llega también sin modificar la redacción inicial en lo tocante a algunos de los asuntos que más han soliviantado a la oposición, particularmente la admisión de las denuncias anónimas de irregularidades y posibles casos de corrupción en la Administración que Podemos reclama con vehemencia frente al criterio contrario del Gobierno.

La formación morada ha expuesto reiteradamente su convicción de que la exigencia de identificación del denunciante en el "canal ético" que habilitará la Administración acabará alentando la creación de "listas negras" de funcionarios díscolos. El artículo 52 del texto aprobado ayer aún pide el nombre del denunciante, aunque el Gobierno no se cierra a modificarlo, e incluso a admitir reclamaciones de incógnito, pero deja la discusión para la Junta y condiciona su asentimiento a que haya "una mayoría en la cámara" favorable a ello. Conmina así a Podemos, el grupo más beligerante en este asunto, a buscar alianzas en el parlamento y mientras tanto defiende su modelo de denuncias porque "garantiza la confidencialidad", resaltó ayer el consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, y porque asegura que no permitirá "ningún tipo de represalia" contra los denunciantes.

Entró a partir de aquí el portavoz del Ejecutivo en otro de los terrenos resbaladizos de la ley, la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción de la que dependería el canal ético y que la oposición también ha cuestionado por su dependencia orgánica del Gobierno autonómico. A esta tesis volvió a oponer ayer Martínez la convicción de que al frente de la Oficina estará, sí, "una persona designada por el Consejo de Gobierno, pero a propuesta de la Junta con una mayoría de dos tercios". Para que este organismo se concibiese con una subordinación orgánica del parlamento habría de efectuarse, añadió, un cambio normativo de mayor calado, una modificación del Estatuto de Autonomía.

El caso es que el texto, que viene de superar "un amplio y riguroso proceso de análisis y revisión" y que antes dio varias veces marcha atrás, en algún caso obligando al presidente del Principado a reconocer que se habían cometido errores de técnica legislativa, alcanza la Junta anunciándose como "más ambicioso que la legislación básica" en esta materia. Destacó aquí el Consejero el régimen sancionador de altos cargos, que puede llegar a la destitución en caso de infracción grave y distingue en la ley asturiana entre el Presidente y los demás, de suerte que los consejeros y directores generales "responden ante el Consejo de Gobierno", pero el jefe del Ejecutivo lo hace ante la Junta. Ni la ley estatal ni las autonómicas, salvo la del País Vasco, "distinguen entre el Presidente y el resto de altos cargos".

La ley se añade a sí misma, por lo demás, la obligación de acometer de aquí a nueve meses un "plan de calidad y simplificación normativa" que debe revisar el ordenamiento jurídico autonómico "identificando necesidades normativas de actualización o armonización".

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