El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, defendió ayer la actitud del Ejecutivo en el procedimiento judicial del "caso Marea" protegiéndose con la certeza de que la Administración "no ha rebajado ni un solo día las peticiones de penas para los acusados ni ha reducido ni un solo euro las responsabilidades patrimoniales que se reclamaron con la apertura del juicio oral". Las sesiones del proceso, reincidió, no han descontado unas peticiones que suman 57 años de cárcel para los siete principales encausados -en total son 13- y que no están, remató, "ni un día ni un euro por detrás de las de la Fiscalía".
El Consejero respaldó la "intervención clara y contundente" de la letrada del Principado "en defensa de los empleados públicos y los controles de la Administración" y no quiso valorar las palabras del abogado de Marta Renedo, que ayer sostuvo ante el tribunal que el Gobierno renunció a la devolución del dinero sustraído por la exfuncionaria y al piso de la calle Cimadevilla de Oviedo que se le intervino. En este punto, Martínez dijo desconocer la situación concreta del inmueble citado, pero reincidió sobre una antigua réplica del Ejecutivo, que "nunca aceptó", dijo, "llegar a ningún tipo de acuerdo con los acusados ni de forma individual ni mancomunada" pese a la insistencia de las defensas en que así fuera: "En mi despacho hay muchas llamadas sin contestar", remató.
Impedir la negociación
El abogado de Marta Renedo, José Carlos García, también cargó durante su alegato final contra el Principado y contra Podemos, a los que responsabilizó de que tengamos que "comernos" cuatro meses de juicio por no haber accedido a alcanzar un acuerdo. "Todo español tiene derecho a intentar negociar, pero a Renedo se le negó no por una razón jurídica, sino por una conveniencia política", aseguró. El letrado calificó de "vergüenza lo que han hecho el Principado y Podemos por su pelea política, y esto sólo ocurre en las dictaduras: la intervención del ámbito político en el jurídico". En su discurso, García llegó a plantar que se pueda "expulsar a las acusaciones que están movidas por motivos políticos y no jurídicos".
