El Principado tiene paralizados los planes locales de empleo una vez que los ayuntamientos le "tumbaron" su propuesta, porque la convocatoria no incluye medidas jurídicas que impidan que los beneficiarios demanden a los consistorios y éstos tengan que afrontar cuantiosas indemnizaciones. La solución es difícil, porque los tipos de contratos los establece el Gobierno central, lo que maniata al Principado. Pero además, los concejales responden con su patrimonio de la comisión de ilegalidades, lo que provoca que rechacen cualquier resolución que pueda acarrearles consecuencias legales.

Los planes locales de empleo "sufren la maldición jurídica", aseguró un alto cargo de la Federación Socialista Asturiana (FSA) que confirmó que están en "stand by" a la espera de que se encuentre una solución jurídica.

"El problema es que el tipo de contratos que se pueden utilizar vienen establecidos por una normativa estatal. El único que se puede utilizar es el contrato por obra y servicio, que es el que ha traído las demandas y las indemnizaciones a cargo de los ayuntamientos", explicó el responsable socialista.

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, afirmó ayer tras el Consejo de Gobierno que el Servicio Público de Empleo estudiará realizar cambios en la convocatoria, pero "siempre dentro de un marco legal de carácter estatal que la comunidad autónoma no se puede saltar" y que deja poco margen de maniobra.

Aseguró Martínez que el Principado mantiene abierto el diálogo con la Federación Asturiana de Concejos (FACC) una vez que tras las reuniones mantenidas con ellos y "otros interlocutores sociales" "se han acordado" algunas propuestas de mejora, pero siempre teniendo en cuenta el respeto estricto a la normativa laboral estatal y europea.

El Consejero citó entre las innovaciones incorporadas la obligación de que cada ayuntamiento acompañe a la solicitud de subvención la programación precisa de las obras que vaya a acometer con cargo al plan y un refuerzo del contenido con la inclusión de "un itinerario personalizado" de cada aspirante "que permita mejorar su empleabilidad".

Pero fuentes municipales incidieron en que no vale la propuesta del Principado. "Los concejales responden con su patrimonio y no se van a arriesgar. Es más, es que incluso podría acusárseles de prevaricación si hacen algo a sabiendas de que es ilegal", remarcaron.