Asturias lidera el aluvión de recursos contra las reválidas de Secundaria

Diez autonomías llevan sus críticas al Supremo y esperan que los jueces paralicen los exámenes de fin de etapa en ESO y Bachillerato

22.09.2016 | 02:09

Al Gobierno de turno le corresponde la tarea de presentar proyectos de ley al Parlamento. El Congreso y al Senado tienen la responsabilidad de aprobarlos o no. A los tribunales les toca vigilar su cumplimiento. Es teoría básica del sistema político. Pero ¿a quién le corresponde dar marcha atrás en una ley que nació coja y deambula medio grogui?

La ley tambaleante es la Lomce, que nació con vocación de mejora de la calidad educativa y se convirtió a las primeras de cambio en una norma contestada, quizá no tanto por perversa como por ineficaz. Una contestación que tuvo y tiene claro cariz ideológico, pero sin olvidar que desde las comunidades gobernadas por el PP también se frecuentó el espíritu crítico, aunque fuera con sordina. Las críticas a las evaluaciones externas planteadas por el consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, sirven de ejemplo.

Olvidado ya el ministro tertuliano José Ignacio Wert, con destino dorado como embajador ante la OCDE, la Lomce vive momentos críticos con el aluvión de recursos a las llamadas reválidas de Secundaria que tienen que implementarse este curso escolar recién estrenado. Unos recursos a los que se ha sumado Asturias, tal y como anunció el pasado día 12 el consejero de Educación, Genaro Alonso. Su crítica a las reválidas se puede reducir en tres términos: injustas, discriminatorias e ineficaces.

Para resumir el estado de la cuestión, otras nueve autonomías junto a Asturias anunciaron recursos: Canarias, Cantabria, La Mancha, Valencia, Extremadura, Baleares, Aragón, Cataluña y Andalucía. Y Navarra se lo piensa.

El País Vasco presentó en su día recurso de inconstitucionalidad contra la ley educativa, así que en su caso no proceden los recursos parciales.

Hay mucho recurso y distintas justificaciones, lo que pone bajo sospecha estas reválidas que vienen con mensaje adjunto al profesorado: a ver si hicisteis bien vuestro trabajo. No es mala cosa evaluar y evaluarse, pero falla el método.

Es difícil mantener viva una ley con ese grado de contestación que no es solo política sino de buena parte de la comunidad educativa, incluidos los sindicatos docentes y una de las dos grandes confederaciones de familias de alumnos, la Ceapa. Y todo ello a dos meses y medio de cumplirse el tercer aniversario de la aprobación de una norma que no logró un ápice de consenso.

Sobre la Lomce se han derramado ríos de demagogia, aunque en ocasiones lo que se traduce por demagogia es solo simpleza. Cuando se habla de derogar la Lomce se olvida que el trámite requiere mayorías parlamentarias y un recambio legislativo que se antoja complicado y largo.

Un pacto educativo, con ley que lo sostenga, es hoy por hoy una utopía en España, país de políticas rancias hasta la náusea y de escaso sentido del bien común. Y no hay mayor bien común que un sistema educativo consolidado y consensuado, sin adoctrinamientos ni contaminaciones ideológicas. Lo dicho: una utopía.

A pesar de ello el ministro Méndez de Vigo ha iniciado una ronda de reuniones en busca de un Pacto Nacional por la Educación. En las actuales circunstancias políticas el brindis al sol se agradece pero no pasa de un gesto de buena voluntad.

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