18 de octubre de 2016
18.10.2016
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La Sindicatura detecta una "operación anómala" del Itma para eludir los controles

Viejo ve en "posición delicada" a las sociedades públicas de urbanismo y alerta de falta de fondos para litigios en la Zalia

18.10.2016 | 03:44
Avelino Viejo.

"Una operación anómala que tenía por propósito, entre otros, sustraerse a la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas". El relato del síndico mayor, Avelino Viejo, pronunciado ayer ante la comisión de Hacienda de la Junta General del Principado, aprecia "circunstancias raras", "una extraña situación" en la maniobra del centro tecnológico de los materiales de la Fundación Itma para escapar a los controles del sector público autonómico. La estrategia de la institución, que el portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, interpretaría después como el equivalente a una declaración "en rebeldía", se desarrolla, en la voz del síndico, mediante un procedimiento en el que "la titularidad del fondo dotacional de la Fundación, que era pública en un 77 por ciento, se reduce al 11,7", razón que esgrime la entidad para considerarse parte del ámbito privado. Pero sucede, opone Viejo, que la realidad les contradice. Que sus sedes en Avilés y Llanera continúan siendo de la comunidad autónoma, que "recibe subvenciones" y que "además esas acciones han sido llevadas a cabo por silencio administrativo, sin ningún pronunciamiento expreso sobre la validez de unas u otras".

Un auto del Tribunal de Cuentas de 2015 descarta responsabilidades contables en la operación de minoración, y según la interpretación del Itma, "ratifica su condición de fundación privada", pero el órgano fiscalizador discrepa. "El Tribunal no se ha pronunciado sobre estos otros aspectos que señalo", sostiene Viejo, que entiende que la fundación continúa siendo pública, que debe rendir cuentas como tal y que "esas anomalías encubren la verdadera realidad socioeconómica de su actividad fundacional". Viejo emplazó a la entidad a acometer su privatización, si así lo desea, pero "por procedimientos claros y nítidos". Mientras, fuentes del Itma aseguran estar "desconcertadas por el continuo debate en la Junta sobre la naturaleza jurídica de la fundación".

El Síndico Mayor presentaba en la cámara el informe de fiscalización de las entidades públicas que no forman parte de la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2013, 47 entes en aquella fecha. De ellos, las sociedades de raíz urbanística, Sogepsa, Vipasa, Sedes o Zalia, acaparan el grueso de los más de 276 millones del endeudamiento total del grupo -por el impacto de la crisis y tras una "levísima reducción" en 2013, precisó Viejo- y encaran por eso el futuro en una "posición delicada".

A requerimiento de los diputados, el síndico se detuvo un rato en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) para llamar la atención sobre la salvedad que afecta a la sociedad por lo insuficiente de su provisión de fondos para hacer frente a sus numerosos litigios judiciales en proceso. Retrató además a la Fundación Barredo, el centro de investigación cuyos indicios de responsabilidad contable están estudia el Tribunal de Cuentas, como una entidad sin personal que en 2013 rebasó el millón de euros en subvenciones y que tiene bajo sospecha la adquisición en 2007 de una empresa en pérdidas por un importe muy por encima de su valor.

Viejo invocó además cierta "desazón" a cuenta del desfase generalizado en torno a la homogeneidad en la rendición de cuentas, condición indispensable para una "correcta gestión de los servicios públicos", y volvió a detallar la postura de prudencia que mantiene el órgano fiscalizador respecto a su recién estrenada capacidad de sancionar a los incumplidores: "Estamos utilizando el mecanismo de forma prudente. Hay que persuadir y en todo caso multar después de incidir en este punto".

La comparecencia de Viejo no terminó sin que Foro cargase contra un sector público "insostenible y opaco", el PP lamentase el "elevado grado de endeudamiento que conduce a su reestructuración" y Podemos afease al Gobierno su falta de respuesta ante los avisos. El PSOE se defendió observando en los tres grupos "una exageración y un intento vano de extraer conclusiones escandalosas de donde sólo hay recomendaciones para mejorar los procedimientos".

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